En el México actual, la violencia se ha convertido en un arma muy poderosa del crimen organizado para influir en la vida política nacional, estatal y municipal. Según Data Cívica y el CIDE, de enero de 2018 al 18 de mayo de este año, han ocurrido 1,880 hechos violentos, entre ellos asesinatos, atentados y amenazas contra personas vinculadas a la política o a los gobiernos, además de ataques contra instalaciones públicas o partidistas. Este grave fenómeno amenaza a la débil democracia mexicana en cada elección. Por razones de espacio solo se abordarán los asesinatos.
En su último corte mensual del proyecto: “Votar entre balas: entendiendo la violencia político criminal en México”, del pasado 18 de mayo, esas instituciones revelan que en ese periodo fueron asesinadas 120 personas, entre candidatos, precandidatos y ex candidatos. Con 19 víctimas, Guerrero es el estado con más crímenes de este tipo; le sigue Veracruz con 16 y Guanajuato con 12. El cuarto lugar es ocupado por Oaxaca y el Estado de México, con 11 asesinatos en cada entidad.
La violencia electoral se ha manifestado en numerosos homicidios, secuestros, amenazas e intimidaciones contra aspirantes, personas relacionadas con el proceso electoral y otros funcionarios. Esta ola de violencia ha provocado un clima de temor generalizado, por el que algunos aspirantes han abandonado las contiendas. De acuerdo con las últimas cifras, en los actuales comicios han ocurrido al menos 64 homicidios contra individuos vinculados al proceso electoral; 32 de ellos eran candidatos. Esta cifra supera a los 30 asesinados en las elecciones de 2018.
En general, los homicidios han generado una atmósfera de miedo. Algunos contendientes que han sustituido a un candidato asesinado solo realizan campañas de bajo perfil o comunicándose mediante redes socio digitales, evitando concentraciones públicas que los pongan en peligro. En otros casos, los partidos han optado por no sustituir a los candidatos y desistir de la contienda.
Este complejo clima de violencia ha generado un aumento sustancial en la cifra de candidatos que cuentan con protección del gobierno federal. El INE ha informado que, hasta el 21 de mayo, 532 candidatos la han solicitado y 492 ya cuentan con ella. Además, diversas autoridades federales han exhortado a los responsables a realizar las adecuaciones pertinentes al protocolo de seguridad, para evitar que la burocracia impida que los solicitantes obtengan protección de manera inmediata.
Con estos datos recientes, y la experiencia de otros comicios en que han ocurrido hechos de este tipo, queda claro que la violencia política es una amenaza real en el actual proceso electoral. Todas las autoridades que intervienen en la organización del proceso comicial, antes, durante y después de la jornada electoral, deben coordinarse con quien sea necesario para garantizar la seguridad de quienes tienen candidaturas a cargos de elección popular. Todos los órganos del Estado deben evitar que el crimen organizado incida en las elecciones, alterando su curso normal. Solo así podrá resolverse este grave problema, no tratando de ocultarlo.
Si como lo señala el reporte del CIDE y Data Cívica, “no existe la democracia donde impera el miedo”, entonces las autoridades tienen la enorme responsabilidad de que la competencia política ocurra en condiciones pacíficas. Es indispensable que en la contienda electoral se tengan garantías de seguridad para transitar, reunirse y expresarse libremente, sin temor a sufrir represalias del crimen organizado. Es lo mínimo que se requiere para que la ciudadanía pueda votar en libertad el próximo 2 de junio. Hay que detener la violencia electoral. No hay que correr el riesgo de que algunos voten con miedo o incluso entre balas.
Este y otros temas son parte del análisis que realiza el Panel Ciudadano de Seguimiento al Proceso Electoral, una iniciativa del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia Justicia y Sociedad PUEDJS UNAM. Más información en https://puedjs.unam.mx/panel-ciudadano-de-seguimiento-al-proceso-electoral-2024/
Por Gabriel Corona Armenta
Profesor de la FES Acatlán. UNAM
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