Las condiciones climáticas de altas temperaturas continuarán siendo un factor determinante en la demanda y suministro eléctrico que afectará la salud de la población y los procesos productivos, lo que traerá como resultado un impacto económico importante en diversas regiones del país.
Según datos del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, en 2023 y como resultado de los apagones, las maquiladoras ubicadas en el norte de México sumaron una pérdida de 200 millones de dólares por hora, siendo este sector el más afectado y el que menos apoyos tuvo por parte del gobierno federal.
Los recientes apagones en diferentes entidades federativas del país confirman lo que en Acción Nacional habíamos denunciado: la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a cargo de Manuel Bartlett no está preparada ni tiene la capacidad para enfrentar por sí sola la demanda energética del país. Los apagones que han afectado a millones de personas no son problemas eventuales, sino son el resultado de años de aplicar una frágil política energética que en este sexenio se agudizó.
Las causas detrás de estos cortes son variadas, pero todas convergen en una falta de previsión y de inversión en infraestructura para la generación y distribución de electricidad en el país. La salida de operación de varias centrales eléctricas ha contribuido significativamente al problema, dejando al sistema eléctrico en un estado crítico. Además, la reducción en la generación de energía fotovoltaica y eólica ha agudizado la situación, demostrando la vulnerabilidad de nuestro sistema ante condiciones climáticas adversas.
Debido a la falta de disponibilidad de capacidad de generación eléctrica, el margen de reserva operativa de los últimos meses es solamente de 3.34%, casi la mitad del 6% de capacidad requerida por la norma. Por lo tanto, el Sistema Interconectado Nacional ha sido declarado en Estado Operativo de Emergencia.
Del 2018 a la fecha, la expansión de la red de transmisión ha aumentado sólo 3%, mientras que en lo que respecta a la generación de energía (otro aspecto crucial) la inversión anual ha sido insuficiente, cubriendo sólo el 17% del total requerido.
Vale la pena recordar que casi dos años después de que Morena llegó al poder, el 28 de diciembre de 2020, se registró uno de los más graves apagones en México, que dejó a 10.5 millones de usuarios sin electricidad. Este apagón fue resultado de un desequilibrio en el sistema interconectado nacional entre la demanda y la capacidad de generación de energía. El incidente eléctrico implicó que alrededor del 26% de los 46.5 millones de clientes de la CFE quedaran sin luz durante aproximadamente una hora.
El caos eléctrico que ha golpeado a México en los últimos días es más que una crisis momentánea: es el resultado directo de decisiones políticas que ignoraron las advertencias y el conocimiento experto. Ya en marzo de 2022, el Partido Acción Nacional (PAN) había advertido sobre los peligros de seguir adelante con una reforma energética que carecía de la visión necesaria para garantizar un suministro eléctrico confiable y sostenible para el país.
La reforma energética propuesta por Morena fue impulsada sin tener en cuenta las opiniones de expertos y especialistas en el sector eléctrico.
El PAN y otros partidos de la coalición se mantuvieron firmes en su postura, argumentando que la reforma eléctrica propuesta era un retroceso tanto en términos de libre competencia como de impacto medioambiental. La insistencia en otorgarle un monopolio a la CFE en la producción de energía, en lugar de fomentar la competencia y la diversificación de fuentes de inversión, sólo conduciría a un servicio más costoso y menos eficiente para los consumidores mexicanos.
Además, la negativa del gobierno a considerar alternativas más limpias y sostenibles, como el impulso de energías renovables, demuestra una falta de compromiso en la lucha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente.
Es evidente que la reforma energética impulsada por Morena es un fracaso de dimensiones que en el mediano plazo aún no podemos medir.
Es hora de que el gobierno escuche las advertencias de la oposición y de los expertos y tome medidas concretas para rectificar esta situación. Esto incluye revertir las políticas que han demostrado ser ineficaces y perjudiciales, y en su lugar, adoptar un enfoque más progresivo y orientado hacia el futuro para garantizar un suministro eléctrico confiable y sostenible para todos los mexicanos.
No sólo se trata de garantizar un suministro eléctrico estable y confiable para todos los mexicanos, sino también de abordar el desafío global del cambio climático. El uso prolongado de combustibles fósiles no sólo es insostenible, sino que también contribuye al deterioro del medio ambiente y a la crisis climática que enfrentamos.
Dada su historia y relevancia, el gobierno federal debe de dejar de mirar al sector eléctrico como un tema político con un único propósito: evitar entrar en periodos más largos de crisis de producción y distribución.
Por el bien de las y los mexicanos, esperamos estar equivocados y que la 4T no insista en construir en el sector eléctrico, un fracasado segundo piso.
POR JORGE ROMERO HERRERA
Coordinador del GPPAN y presidente de la Jucopo
@JorgeRoHe
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