Las campañas son momentos estelares del proceso electoral. Mientras transcurren, las personas candidatas recorren las plazas, mercados y calles para presentar sus propuestas. Por su parte, la ciudadanía expone los problemas públicos que detecta y exige soluciones por parte de quienes aspiran a un cargo de elección popular.
Todo eso genera un contexto de civilidad altamente provechoso para la democracia, pues obliga a las personas a pensar las problemáticas en común y las mejores vías para resolverlas. Como demostraron Tocqueville en el siglo XIX y Putnam en el XX, el tejido social se densifica cuando la gente se organiza para hacer tareas en común.
Lo cierto es que las campañas tienen una fuerte relación con el resultado de las elecciones. Por ello, las leyes electorales definen con precisión sus momentos de inicio y término, así como las conductas permitidas y prohibidas. Así, por ejemplo, la Constitución dicta que en los años de elección presidencial las campañas federales deben durar 90 días, pero la duración de las locales se define en los congresos de los estados.
Puede haber desfases. El caso más extremo es del Estado de México, cuyas campañas locales iniciaron el 26 de abril, es decir, casi dos meses después del inicio de la campaña federal.
Las campañas cristalizan derechos fundamentales. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos las enmarca en las libertades de expresión, de asamblea, de asociación y de información. A pesar de ello, el Comité facultado para interpretar el Pacto reconoce que debe haber restricciones sobre las campañas, incluido el uso de recursos públicos, el tipo de materiales que se pueden distribuir y, por supuesto, el financiamiento.
Las buenas prácticas internacionales sugieren que, como en México, las campañas sean financiadas con recursos públicos y privados, a efecto de garantizar que todas las propuestas estén al alcance de las personas que ejercerán su derecho al voto.
La modernidad ha impactado positivamente en el desarrollo de las campañas. Por un lado, con la proliferación de debates que permiten a la ciudadanía no sólo conocer las propuestas, sino inclusive ver cómo se contraponen. Algunas entidades como el Estado de México, ponen a disposición de las candidaturas municipales la organización de debates, lo cual amplifica el acceso a la información disponible para que la ciudadanía forme una opinión informada.
Por otro lado, se han puesto en marcha plataformas que permiten a las personas consultar los perfiles de las candidaturas desde sus computadoras o dispositivos electrónicos. “Conóceles” logra ese objetivo adecuadamente porque vincula a los partidos y candidaturas a subir su información, de manera que alcanza niveles altos de captación de datos.
A pesar de estos beneficios, hay un desafío particular que también arribó con la modernidad. En casi todos los países se ha detectado la difusión deliberada de desinformación justo en medio de las campañas electorales. A través de las redes sociales, han circulado mensajes que buscan confundir al electorado, sesgar sus percepciones o, en el peor de los casos, alejarlo de las urnas.
Las recomendaciones internacionales sugieren que los institutos electorales sean una fuente constante de información real que permita a la ciudadanía discernir la realidad cuando reciba información errónea en sus redes. Es recomendable que la ciudadanía verifique la información que consume antes de compartirla con sus familiares y amistades.
A veinte días de que finalicen las campañas, vale la pena reflexionar sobre su contribución a la democracia mexicana. Es la presentación pública de propuestas políticas la que da contenido a las elecciones y nutre sustancialmente las decisiones que habrá de tomar el electorado.
POR AMALIA PULIDO
Presidenta del Instituto Electoral del Estado de México
@pulido_amalia
MAAZ