Además de la indignación que provocó el asesinato de Gisela Gaytán, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Guanajuato, y la momentánea desaparición del candidato a regidor Adrián Guerrero, el partido guinda prepara una denuncia por negligencia contra la presidenta del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), Brenda Canchola Elizarraraz.
Amparada en la ley, según ella, el organismo que preside se negó a brindar protección a las y los candidatos de Morena, a pesar de que existía una solicitud oficial.
Con base en copias de diversos documentos, el 8 de marzo, la dirigencia del partido guinda envió oficio a la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, solicitando seguridad para varios de sus abanderados locales, entre ellos y ellas para su candidata en Celaya.
Dos días después, el 10 de marzo, la secretaria Ejecutiva del INE en funciones, Claudia Edith Suárez Ojeda, mandó otro oficio a la presidenta del IEEG para que atendiera la solicitud, por tratarse de candidatos locales.
El organismo que encabeza Canchola, con un documento que ella misma firmó, le respondió a Morena que no procedía su solicitud, dado que, como aún no se daban los registros de candidatos, no se podía atender.
Los registros de aspirantes municipales se otorgaron el sábado 30 de marzo; sin embargo, nunca se otorgó la protección correspondiente a Gisela y fue asesinada el 1 de abril, el día en el que arrancó su campaña por una de las alcaldías más inseguras de todo el país.
A la luz de los acontecimientos, todo hace suponer que la presidenta del IEEG y sus colegas o están actuando con base en filias y fobias, o de plano carecen de un criterio elemental para determinar en qué casos se debe tramitar, de manera pronta y expedita la protección a los contendientes electorales.
Más por tratarse de Guanajuato, uno de los estados con mayores índices de violencia en toda la República Mexicana.
Aunque este caso es también un llamado de atención para todos los niveles de gobierno en el país, porque los asesinatos a candidatas y candidatos se han convertido en pan de todos los días. Cada vez hay más niveles de violencia en la arena política.
Con base en la información que se publica hoy en El Heraldo de México, en lo que va de este proceso electoral han sido asesinadas 52 personas, de las cuales, 28 eran precandidatos o candidatos.
Estas cifras convierten a la ruta electoral 2024 en el proceso más violento del país y eso que en algunos casos estamos apenas en el primer mes de campaña. Y en algunos de ellos no llevamos ni una semana, como en Celaya.
De acuerdo con el Laboratorio Electoral, en el proceso de 2018 fueron asesinados 24 precandidatos, y en el 2021, 30 aspirantes.
El reporte más reciente de la firma Integralia, de Luis Carlos Ugalde, señala que de septiembre de 2023 a la fecha, se registraron 300 incidentes de violencia política, asociados a 399 víctimas, lo que implica un promedio de 1.8 víctimas diarias.
Y coincide en que, a poco más de 60 días para la elección, el proceso electoral 2023-2024 ya es el más violento de la historia moderna de México.
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EN LUGAR DE RESOLVER LA CRISIS, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, inició una cacería de brujas contras policías rebeldes.
Está claro que es temporada de elecciones y que todos los partidos quieren jalar agua para su molino, pero lo que más llama la atención es la poca o nula habilidad de la mandataria morenista para apelar a la política y, en lugar de eso, busca resolver sus conflictos con la ley del garrote. Algo tolerado desde Palacio Nacional.
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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: "La política es el único trabajo donde la incompetencia se convierte en una virtud”.
POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO
ALFREDO.GONZALEZ@ELHERALDODEMEXICO.COM
@ALFREDOLEZ
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