La situación en Guerrero va mucho más allá de ser un reflejo de la ingobernabilidad, es un claro indicador de un Estado mexicano que parece haber renunciado a sus responsabilidades más fundamentales. La escalada de violencia y el dominio del crimen organizado no son fenómenos nuevos, pero la magnitud que han alcanzado bajo la administración actual refleja un fracaso crítico del gobierno.
La gobernadora Evelyn Salgado, se ha mostrado pasiva ante una crisis que demanda una gestión determinante. La estrategia de seguridad - sí es que existe - ha sido ineficaz para contener, no digamos para revertir, el avance de las organizaciones criminales. Este vacío de poder no es solo una simple ausencia de las autoridades en territorio guerrerense; es un vacío de liderazgo, de planes de acción y de esperanza para los ciudadanos.
En este contexto, Guerrero surge como un claro ejemplo de estado fallido, donde la incapacidad de brindar seguridad y asegurar el orden interno cuestiona profundamente la soberanía del Estado. Este escenario nos lleva a repensar su situación como indicador de un desafío nacional, pero la intensidad con que se presenta en Guerrero destaca la necesidad urgente de acciones gubernamentales. La relación entre la política y el crimen organizado, evidenciada por el financiamiento de campañas políticas y el asesinato de candidatos, muestra un panorama de corrupción y complicidad que debilita aún más la confianza en las instituciones.
Guerrero, oprimido por la violencia y la criminalidad, más que palabras vacías y promesas incumplidas, requiere un enfoque integral que aborde tanto la seguridad inmediata, como las causas que dan origen a la violencia: la pobreza, falta de oportunidades, descomposición del tejido social, altos índices de corrupción y una impunidad desmedida. La falta de una estrategia efectiva es una traición a las y los ciudadanos de Guerrero, quienes merecen vivir en un ambiente de paz y seguridad.
El papel de un gobierno no es solo administrar recursos o promulgar leyes; es proteger a sus ciudadanos y garantizar sus derechos humanos. La crisis en Guerrero es un llamado urgente a repensar la estrategia de seguridad y gobernabilidad en esta entidad y en todo México. Es momento de exigir cuentas, de demandar un cambio real, porque la situación actual es insostenible. Los ciudadanos de Guerrero y de todo México merecen mucho más. La pregunta es: ¿Está el gobierno dispuesto a escuchar y actuar, o Guerrero continuará siendo un testimonio del fracaso estatal?
Por: Itzel Arellano Cruces
Jefa de Oficina de la Coordinación del GPPAN en la Cámara de Diputados