Los programas sociales, buque insignia político del presidente Andrés Manuel López Obrador y de su Cuarta Transformación, son irónicamente uno de los ejes propagandísticos en la campaña de la candidata opositora Xóchitl Gálvez Ruiz, quien incluso promovió la difusión de una serie de mensajes en redes atribuyéndola al Instituto Nacional Electoral, lo cual implica una grave suplantación.
Una de las ideas centrales de la campaña opositora es que los programas sociales son del pueblo y ningún partido puede quitárselos. La afirmación está destinada a contrarrestar la supuesta propaganda morenista de que tales programas desaparecerían si la oposición ganara la Presidencia de la República y el Congreso.
La afirmación opositora sobre la inamovilidad es cierta y alude implícitamente al carácter constitucional que se logró conferirles en este sexenio a las pensiones de adultos mayores y otros programas, con el impulso de la 4T y con votos de todos los partidos, excepto el PAN en San Lázaro.
Esa reforma constitucional, de 2020, tuvo 49 votos en contra en la Cámara de Diputados: 46 del PAN, uno del PRD y dos sin partido. Hubo 18 abstenciones, todas del PAN. Ningún panista votó a favor.
Irónicamente el PAN, que ahora subraya el carácter inamovible de los programas sociales, se opuso a que lo tuvieran, lo cual no obsta para que hoy, en campaña, se haga lenguas con el rango constitucional que combatieron sus diputados. En el Senado, el comportamiento de los panistas fue diferente.
La 4T se empeñó y logró elevar a rango constitucional los programas sociales porque su creador, López Obrador, sabe que una reforma a la Constitución requiere una votación calificada que ningún partido político, por sí solo, puede lograr en San Lázaro, aunque triunfara en los 300 distritos electorales. (Otras veces he explicado que, por ley, ninguna fuerza política puede -por sí sola- tener más de 300 diputados y la mayoría calificada que exige una reforma constitucional es de dos tercios, es decir, 334).
Aunque el discurso opositor le regatea la paternidad, el creador de las pensiones para adultos mayores es López Obrador, carácter que incluso fue reconocida por el expresidente Vicente Fox Quezada en una declaración de 2012.
AMLO las introdujo en 2001 cuando fue jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal. Su administración empezó a dar un apoyo mensual de 600 pesos a las personas mayores de 70 años residentes en el DF. La pensión se regularizó posteriormente al ser convertida en ley en 2003.
Aunque tanto Vicente Fox como Felipe Calderón renegaron de las pensiones para adultos mayores, en su momento y más por cálculo político que por convicción, las instauraron en el plano federal -y pretenden adjudicarse por ello la paternidad-, pero ni remotamente en los montos que ahora tienen. Comoquiera, es positivo que en la actualidad la candidata del PAN y aliados las defiendan, aunque regateen la paternidad que, sin duda, corresponde a AMLO.
De los 600 a los 6,000 pesos
En este 2024, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores aumentó 25 por ciento, para llegar a 6 mil pesos bimestrales, con lo cual se concretó un aumento de 417 por ciento en el actual sexenio, de acuerdo con información de la Secretaría del Bienestar, a cargo de Ariadna Montiel. De cara a los 600 pesos iniciales, el incremento es un claro ejemplo de progresividad en los derechos humanos.
El apoyo económico a segmentos vulnerables de la población no se limita a los adultos mayores. Existe también, entre otros programas, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, que en 2024 pasó de 2 mil 950 a 3 mil 100 pesos bimestrales, lo que beneficia a un millón 482 mil derechohabientes.
Acreditarle los programas sociales al partido en el gobierno, que tanto preocupa a la oposición, es inevitable, pero no es lícito su condicionamiento. Si esto ocurriera debería investigarse y sancionarse, pero ello no tendría los efectos de antaño, cuando el entonces partido hegemónico practicaba masivamente la compra y coacción del voto. Ahora el electorado, incluso el beneficiario de los programas sociales, tiene más información y es más consciente de sus derechos. Cito como ejemplo un diálogo que recientemente escuché entre dos beneficiarios de programas sociales.
-Yo estoy muy agradecido por este apoyo del gobierno -comentó un beneficiario de la pensión para adultos mayores.
-Yo no, es dinero de mis impuestos -le respondió otro beneficiario.
-Si, pero antes de López Obrador, esos impuestos se lo robaban los políticos y ahora el gobierno nos los reparte.
Y, en realidad, los dos tienen razón.
POR EDUARDO R. HUCHIM
COLABORADOR
@EDUARDORHUCHIM
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