La promoción y defensa del voto libre, informado y secreto, justifica y da sentido a la realización de debates entre quienes aspiran a un cargo de elección popular. Los debates se configuran como una buena práctica democrática, en la medida en que favorezcan el diálogo y la discusión abierta de las ideas y propuestas sobre el acontecer nacional y sobre el futuro del país.
El primer debate presidencial en la historia de Mexico, se realizó el 12 de mayo de 1994. Fue hace casi 30 años, cuando se enfrentaron -en medio de una profunda crisis social, económica y política tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio- Cuauhtémoc Cárdenas, Diego Fernández de Ceballos y Ernesto Zedillo.
El debate fue memorable, puso en escena al Jefe a Diego, ganador indiscutible del debate y, aunque no modificó el resultado electoral, represento una bocanada de oxígeno para el amenazado proceso electoral de ese año.
Durante las últimas tres décadas hemos vivido momentos estelares, quizá no muchos, pero sí significativos por la vehemencia de los participantes o por la ausencia de otros, como sucedió en abril del 2006, con “la silla vacía” que dejó el actual presidente; un hecho que, en opinión de muchos, explica una parte del resultado electoral de esa elección.
Los debates también cuentan cuando no se realizan, como sucedió con el debate negado por la Cámara de Radio y Televisión en la elección del 2000, acontecimiento que detonó el emblemático “hoy, hoy, hoy”, instalado por Fox y convertido en el grito de batalla para lograr el triunfo en las elecciones y la llegada de la alternancia política en la presidencia de la republica.
En un sociedad abierta y plural, debatir debería ser una práctica habitual, sin embargo, aún son muchos los obstáculos para hacer de este ejercicio de diálogo y confrontación de ideas, una sana muestra de la normalidad democrática. Las limitaciones normativas, metodológicas y técnicas para definir el número y las reglas de los debates, aún dejan mucho que desear.
Durante el pasado debate presidencial, fueron notorias las deficiencias técnicas en la producción del INE, así lo advertimos en el funcionamiento del cronómetro y la confusión con el manejo de las bolsas de tiempo; así como los efectos somnolientos de un formato inadecuado que impidió el intercambio de las ideas y generó el desencanto a los observadores.
También, es inexplicable la negativa de los órganos locales -en entidades con elecciones concurrentes, como el estado de Puebla- para ampliar el número de debates a más de uno.
De cara a las elecciones del 2 de junio, las autoridades electorales están obligadas a garantizar el derecho a la información de los ciudadanos, a mejorar el formato de los debates y a brindar las mejores condiciones para el ejercicio del voto informado; los candidatos hacen bien en seguir insistiendo en la realización de más debates y en mejorar el formato para impulsar la participación ciudadana.
Negarse a debatir es un contrasentido y una incongruencia de parte de quienes dicen estar dispuestos a servir a los ciudadanos. Escudarse en una supuesta superioridad en las preferencias electorales, para esconder su falta de capacidad o indisposición para exponerse al escrutinio ciudadano, es anteponer el cálculo político a los derechos e intereses de los electores que van a acudir a las urnas.
POR MARCO ADAME
Analista y Consultor Político
EEZ