La decisión del presidente Joe Biden de pausar los permisos para la exportación de gas natural licuado debería ser vista como una señal de alerta en México, ya que indica un cambio en la dinámica de la economía política asociada con la lucha climática y la transición energética en nuestro vecino.
Indudablemente, esta pausa es un éxito de los ambientalistas que presionan por la reducción de la producción y exportación de gas como medio necesario para disminuir las emisiones de carbono. Aunque el gas es considerado por algunos como el combustible de la transición energética por producir 50% menos de emisiones que la electricidad generada con carbón, no deja de ser un hidrocarburo y es fuente de emisiones de metano, que son 80 veces más potentes que el dióxido de carbono.
Los ambientalistas también argumentan que la conversión del gas natural a licuado requiere procesos intensivos de energía y que las inversiones multimillonarias en nueva infraestructura de gas podrían perpetuar su uso en el largo plazo, en lugar de canalizar estos recursos hacia proyectos de energía renovable con cero emisiones. Insisten en que Biden y su partido deben actuar de manera congruente con sus compromisos climáticos y las decisiones adoptadas en la COP28 de alejarse de los combustibles fósiles.
Aquellos en desacuerdo con la pausa sostienen que el gas es vital para la transición energética en países como India y China, que aún dependen de él para la generación de electricidad y, sobre todo, para la seguridad energética de Europa, afectada por la invasión de Rusia a Ucrania.
Algunos congresistas acusan a la Casa Blanca de politizar el comercio energético para atraer el voto de los jóvenes progresistas, quienes se sintieron desilusionados por la aprobación del proyecto de exploración petrolera en Alaska.
La decisión de Biden se produce en un contexto en el que México ha disminuido su independencia energética debido al aumento en la importación de gas y otros combustibles fósiles. Más de 60% de capacidad instalada de CFE requiere de gas para la generación de electricidad, y 70% de la demanda nacional de gas natural se cubre con importaciones principalmente desde Texas, exponiendo al país a la volatilidad en el precio, el tipo de cambio y decisiones que se tomen en ese país.
Aunque nuestro país tiene un acuerdo de libre comercio con EU, el cambio en la economía política energética representa un riesgo para la seguridad energética mexicana.
No podemos descartar políticas extremas. Por ejemplo, una presidencia de Trump implicaría exigencias para que México adopte un rol más activo en la crisis migratoria a cambio de concesiones energéticas. De reelegirse Biden, ambientalistas podrían demandar medidas drásticas en cuanto a las exportaciones o importaciones hacia o desde México, para asegurar el cumplimiento con compromisos climáticos. La mejor defensa de nuestro país es la diversificación de sus fuentes de energía, enfocándose especialmente en las renovables.
POR ISABEL STUDER
Directora, Alianza Universidad de California-México
MAAZ