Un embajador de México en Estados Unidos recibe solicitudes de entrevistas o comentarios sobre la relación bilateral o la situación en México. Informa y se coordina con la cancillería y/o la Presidencia para la respuesta.
Es común que los reporteros busquen la reacción de las instituciones mexicanas a un reportaje que afecta al país. Es normal el envío de preguntas concretas, así como la fecha límite para responderlas para el “cierre” de la nota a tiempo.
En este contexto, la consulta enviada por la jefa de la oficina del New York Times, Natalie Kitroeff, a la Presidencia, se inscribe en esta práctica generalizada. No es amenazante. Se puede decidir no responder con el típico “sin comentarios” o “no comment”; responder por escrito, para dejar asentada la posición; hablar con el periodista y expresar extrañamiento por el artículo o esperar la publicación de este y ejercer el derecho de réplica.
Por ello, resulta sorprendente que Jesús Ramírez Cuevas no haya protegido a su jefe, sino parece haber atizado la virulenta respuesta del presidente López Obrador al NYT. Exhibir la comunicación de la periodista del NYT, y su teléfono, fue un error y una violación a la ley de datos personales.
A estas alturas, queda claro que la serie de reportajes de periodistas mexicanos y estadounidenses en la Deutsche Welle, ProPublica, InSight Crime y New York Times, tienen una fuente: la DEA —ya sea su administración actual o bien agentes retirados— y un patrón: desempolvar de los archivos, investigaciones no concluyentes, basadas en dichos de testigos protegidos, criminales en su mayoría, que venderían su alma al diablo para obtener condenas menores. En el sistema legal de Estados Unidos son testigos creíbles.
Históricamente, las agencias estadounidenses han filtrado información a periodistas de su confianza que les son afines, en este caso Alan Feuer del NYT, para mandar mensajes en varias bandas: al gobierno del presidente López Obrador le expresan su molestia como lo hicieron con gobiernos anteriores, y a su propio gobierno le manifiestan su malestar al sentir que es laxo con su contraparte mexicana.
Las pruebas del supuesto financiamiento por parte del crimen organizado al movimiento y gobierno del presidente López Obrador incluidas en los reportajes NO han sido concluyentes y, por lo tanto, las investigaciones no procedieron por ello y por consideraciones políticas. Así lo asentaron tanto ProPublica como el NYT.
Continúan en Estados Unidos las detenciones y juicios a miembros del crimen organizado y políticos relacionados con ellos. Podrían surgir nuevas evidencias.
Ante la eventual continuación de filtraciones y reportajes, urge una estrategia más allá de descalificar y enfrentar con fines electoreros. Convendría respondieran el embajador de México, la canciller o Ramírez Cuevas. El Presidente no debería contestar ni siquiera por alusiones personales. Por el bien de la institución y la investidura.
POR MARTHA BÁRCENA
EMBAJADORA EMINENTE
@MARTHA_BARCENA
PAL