El gobierno actual ha adquirido una deuda impagable con quienes tienen a su cargo nuestra seguridad. Uno de los sectores más golpeados por las políticas de austeridad y “seguridad” del actual gobierno son las policías, ministerios públicos, peritos y custodios. A la falta de acciones contundentes para transformar en sus raíces las deficiencias de nuestro sistema de seguridad pública, se suma la desaparición de los fondos para la seguridad pública estatales y municipales, la creciente militarización de la seguridad pública y la falta de atención a la situación de los centros penitenciarios.
A finales de 2020 presenté una iniciativa de reforma constitucional, con un claro sentido humano. El objetivo de la iniciativa es preservar el legítimo derecho a la indemnización y prestaciones inherentes, para todos aquellos policías, ministerios públicos, peritos y custodios que fueran separados de su cargo de manera injustificada y cuando exista resolución jurisdiccional definitiva.
Esta iniciativa salvaguarda el vital derecho a la indemnización y las prestaciones correspondientes conforme lo determine en la ley. La reforma es de gran relevancia, toda vez que muchas personas son separadas injustamente de sus funciones de seguridad, viviendo su proceso en la incertidumbre, hasta que una resolución judicial obliga a su reinstalación. Es de elemental justicia que quienes sean separados injustificadamente de sus cargos, puedan ser reinstalados con plenos derechos.
La iniciativa recibió el apoyo de las diversas corporaciones policiacas del país, quienes han marchado al Senado para solicitar su pronta aprobación. El 26 de abril de 2023 la iniciativa fue aprobada por unanimidad en las Comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Segunda y enviada a la Mesa Directiva para su discusión y en su caso, aprobación, por parte del Pleno del Senado.
El dictamen de la iniciativa apareció en el Orden del Día desde el 18 de septiembre de 2023, pero su discusión se postergó, de forma inexplicable, hasta que el 15 de noviembre se anunció que se aprobaría en conjunto con otras reformas constitucionales, pero no se discutió. Durante semanas la Mesa Directiva ordenó posponer la discusión del dictamen, hasta que el pasado 6 de febrero se anunció que sería votado, pero de forma sorpresiva la Mesa decidió, una vez más y de forma unilateral, que el dictamen no se discutiera.
En la sesión del 13 de febrero, el dictamen se sometió a votación, pero no hubo quórum para su aprobación. De ahí que en la sesión del día siguiente se sometiera de nuevo a votación, pero Morena y sus aliados traicionaron a los policías, ministerios públicos, custodios y peritos de todo el país, dejando sin el beneficio de la reforma a medio millón de posibles beneficiarios; para los criminales abrazos, para los policías y servidores públicos, trancazos.
El gobierno ha esgrimido el argumento de falta de recursos presupuestales para que sea aprobada la iniciativa. Un argumento por demás lamentable e irónico, toda vez que observamos todos los días el dispendio de recursos públicos en propaganda electoral anticipada, en obras faraónicas inviables y en dádivas con fines clientelares. Más allá todavía, estas obras conllevan sacrificios inexplicables de recursos que deberían destinarse a los rubros de salud y seguridad.
Se han documentado importantes subejercicios, en el año 2023, en materia de seguridad: casi 9 mil millones de pesos para la prevención e investigación del delito y 5 mil millones en la Administración del Sistema Federal Penitenciario. Todo ello en medio de la mayor ola de violencia y destrucción que se ha visto en México y en un contexto de militarización de la vida pública, que ha provocado una espiral incontenible de alza de delitos.
La auténtica transformación del sistema de procuración e impartición de justicia pasa necesariamente por el ámbito local: es en la justicia de barandilla, en las policías de proximidad y en los cruceros cotidianos donde comienzan a edificarse la paz y la seguridad de México. La apuesta centralista y concentradora de las tareas de seguridad es un error histórico que revierte la dinámica federalista que se había dado en años recientes.
La seguridad de todas y todos nosotros, depende de que las policías de nuestras colonias tengan una formación profesional e integral, un proyecto de vida, amplia protección por parte de las autoridades y equipamiento y tecnología suficientes para realizar sus vitales funciones.
Ninguna corporación de seguridad puede reemplazar a nuestras policías en sus funciones de primer respondiente y en sus labores de prevención, investigación y persecución de los delitos. La función que realizan los ministerios públicos es crucial para abatir la inseguridad, mientras que la función de las y los peritos resulta crucial en ámbitos como cadena de custodia e investigación del delito. Lo mismo sucede con los custodios que se exponen a la violencia de nuestras cárceles.
Fueron las corporaciones de seguridad quienes prácticamente dieron la vida en el primer frente de batalla durante la pandemia, sin que hubiera un muy merecido y justo reconocimiento social. Nuestro sistema de procuración de justicia, con sus imperfecciones, siguió funcionando. Con sus integrantes tenemos una deuda impagable. Nuestro deber es también cuidar a quienes nos cuidan.
La justicia a veces tarda, pero llega. Para policías, ministerios públicos, peritos y custodias el tiempo no ha llegado todavía, mientras el Senado siga aprobando reformas cosméticas banales e iniciativas presidenciales destructivas. Es hora de que el Senado corrija el rumbo y le dé a quienes nos cuidan herramientas jurídicas que les proporcionen certeza. Si esto no sucede, la supuesta voluntad presidencial para hacer frente a la inseguridad que nos aqueja seguirá quedándose en los discursos mañaneros, pero sin reflejarse en los hechos de nuestra vida cotidiana.
POR GINA ANDREA CRUZ BLACKLEDGE
SENADORA POR BAJA CALIFORNIA
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA DEL NORTE
@GINACRUZBC
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