¿Qué pensaría usted si, después de 30, 40 o más años de trabajo un día llega el momento de retirarse y le informan que, suponiendo que su salario sea de 30 mil pesos mensuales, usted recibirá una pensión de entre 7,500 y 9,000 pesos al mes? Por supuesto que su reacción será una mezcla de rabia y angustia ante la perspectiva de obtener sólo entre el 25 y el 30% de su último salario.
Pues bien, esa injusta situación es la que vivirán miles de pensionados a partir de 2025, e incluso la están viviendo ya quienes se pensionaron en 2023 conforme al sistema adoptado en 1997. Para afrontar esa dura realidad, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha anunciado una iniciativa de reforma constitucional que ordena el pago de pensiones de 100% del salario al momento de jubilarse.
Una parte de la oposición y de los medios han querido ver intenciones exclusivamente electorales en el anuncio presidencial sobre esa y otras iniciativas. La descalificación a priori de iniciativas que aún no llegan al Congreso es lamentable y constituye una desnaturalización de la esencia parlamentaria que es la discusión y, sólo después de ésta, el acuerdo o el rechazo.
Sin negar el carácter polémico de varias de las reformas constitucionales anunciadas, la de pensiones posee una importancia social mayúscula. No es una ocurrencia ni una simple estrategia electoral. El problema de las bajas tasas de reemplazo (porcentaje del salario que el trabajador recibe en su pensión) del sistema adoptado en 1997, al que se ha referido el presidente, es real y muy grave.
En 2020 se reformó el sistema de pensiones y eso alivia un poco el problema, porque la aportación patronal aumentará 1 punto porcentual cada año hasta 2030.
Si no se aprobara la reforma que propondrá en unos días López Obrador, los efectos negativos para el ingreso de los pensionados, a consecuencia del sistema adoptado en el gobierno de Ernesto Zedillo, se estarían presentando en los próximos años. En 2027 se cumplirán 30 años del inicio de la implementación del sistema de ahorro para el retiro y a partir de 2025 muchos trabajadores comenzarán a jubilarse por este sistema.
A la próxima presidenta le correspondería hacer frente al problema social originado en el hecho de que quienes se pensionen bajo el esquema de cuentas individuales, recibirían menos del 50% de su último salario. Esa fue una de las causas de las masivas protestas sociales en Chile en 2019.
La reforma propuesta por AMLO le daría a quien ocupe el poder ejecutivo a partir de octubre de 2024 un instrumento para corregir la injusticia que ese esquema provocará en los pensionados. No obstante, queda por dilucidar de dónde provendrán los recursos que serían necesarios para fondear el sistema de pensiones, ya que AMLO ha dicho que el gobierno aportará lo necesario para lograr el hasta ahora ilusorio 100% del último salario del trabajador.
El anunciado apoyo del PRI garantiza la aprobación de la iniciativa sobre pensiones.
Plus Online: el decisivo respaldo del PRI
El partido de AMLO, Morena, no tiene en ninguna de las dos cámaras del Congreso los votos necesarios para aprobar por sí solo reformas constitucionales. No puede tenerlos, como tampoco puede partido alguno en México.
Ello porque la Constitución establece que para aprobar reformas constitucionales se requiere una votación calificada de al menos 334 diputados, pero también ordena que ningún partido político podrá tener más de 300 diputados por los dos principios (mayoría relativa y representación proporcional) ni siquiera si ganara todos los distritos electorales del país. Es decir, la negociación es obligada, y en el caso actual, Morena no alcanza la mayoría calificada ni aun con sus aliados.
En estas circunstancias, es claro que las iniciativas presidenciales que planteen reformas constitucionales requieren de los votos de legisladores de oposición para ser viables. Como la oposición ha dicho que no apoyará el próximo paquete de iniciativas de AMLO, parecería que estas están destinadas al fracaso.
Sin embargo, el coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, anunció el martes 30 de enero que su bancada apoyará la iniciativa sobre pensiones y esto garantiza la aprobación de esa reforma, pues los votos priistas completarán sobradamente la mayoría calificada.
Parece claro que el PRI se percató del alto precio que pagaría en las urnas el oponerse a una reforma constitucional de claro interés general.
POR EDUARDO R. HUCHIM
COLABORADOR
@EDUARDORHUCHIM
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