La guerra que libran los jueces en Bolivia es augurio de lo que viene para México con la elección “democrática” de sus jueces. La guerra en ese país andino fue desatada por políticos en busca de posiciones, y que libran enfrentamientos al obligar a “sus” jueces a avalar, o rechazar, conductas y aspiraciones controvertidas legalmente. Cada bando busca que “sus” jueces tuercen la ley con interpretaciones a su favor.
Es pertinente recordar que fue Evo Morales, el ex Presidente de Bolivia, quien convenció a AMLO sobre la conveniencia política de promover la elección “democrática” de los jueces en México, para beneficiar a quienes detentan el poder. El entendido claro y preciso era que la elección de jueces le permita a quien detenta el poder político llenar casi la totalidad de los puestos a votación con incondicionales. Y dicho y hecho: como los candidatos no hacen campaña, son virtualmente desconocidos para el 90% de la población. Con una participación que no rebasó el 20% de participación, Morales logró movilizar a su partido para elegir a todos los jueces en Bolivia.
Tener el control absoluto sobre el Poder Judicial le permitió a Morales hacer del marco jurídico lo que sus intereses requirieron. La inversión nacional y extranjera tuvo que negociar directamente con él las condiciones de su operación en el país. La ley de Bolivia era la palabra de Morales, no lo que decía la Constitución ni las leyes que de ella emanaran. El Poder Judicial boliviano se doblegó a los dictados del Presidente Morales.
Finalmente Morales tuvo que abandonar el poder cuando un plebiscito popular le negó el permiso a repetir en el poder por quinta vez.
Sin embargo, Morales dejó en la Presidencia a su pupilo favorito: Luis “Lucho” Arce, el ex Ministro de Economía de Bolivia durante el largo mandato de Morales. Los militares obligaron a Morales a asilarse, primero en México (recuerden el abrazo incómodo de Ebrard cuando Morales bajó del avión) y después en Argentina. Pero cuando “Lucho” ganó la Presidencia, él también logró armar una importante camada de jueces a su favor.
Así, desde la Corte Suprema de Bolivia y hasta el último juez de distrito, tanto Arce como Evo Morales tenían sus partidarios incrustados en todo el entramado del Poder Judicial de Bolivia. En ese momento empezó la guerra política entre ellos. Morales regresó a Bolivia desde su refugio en Argentina con la intención de competir en las siguientes elecciones presidenciales como candidato de su movimiento, el Movimiento Al Socialismo (MAS). Pero los jueces partidarios de Arce le negaron a Morales el derecho a volver a postularse, alegando la legitimidad del plebiscito popular de años anteriores. Otros jueces, partidarios de Morales, le otorgaron vía libre para postularse a la Presidencia de la República. Y así se desató la guerra entre los jueces, incluso de la Suprema Corte de ese país.
En la Suprema Corte, su Presidente es partidario de Morales pero existe un empate con los partidarios de Arce. Así que el Poder Judicial está imposibilitado de resolver el conflicto, entre las dos posiciones, pues Arce también pretende postularse a la Presidencia por el MAS.
Para profundizar la crisis política del país, Arce al parecer escenificó un intento de golpe de Estado militar contra su gobierno para poder justificar la destitución de mandos del Ejército boliviano aliados de Morales. Así, aseguró el respaldo del Ejército para fortalecer su reclamo por la candidatura presidencial.
Evo Morales organizó una marcha desde sus territorios en las zonas cocaleras de Bolivia a La Paz, la capital de Bolivia, para desestabilizar al gobierno de Arce y provocar su caída. Sin embargo, Arce movilizó a sus seguidores, apoyados por el Ejército, y rechazaron la llegada de la gente de Morales prestos a derrocar al gobierno. Morales tuvo que replegarse a sus territorios. En todo momento la demanda central de las protestas era para que el Poder Judicial reconociera el derecho de Morales a postularse a la Presidencia de Bolivia.
Pero las cosas no quedaron ahí. La Fiscal del Departamento (Estado) de Tarija, Sandra Gutiérrez, ordenó la aprehensión de Morales por pedofilia, pero fue destituida por un jefe suyo, amigo del exPresidente, dejando sin efecto la resolución por sus presuntos delitos de trata y tráfico de personas. Entonces el Fiscal nacional de Bolivia advirtió que tenía “un proceso contra Morales con una investigación abierta” por presuntamente haber violado a una menor de 15 años cuando era Presidente, en 2015.
Unos jueces partidarios de Morales lo defienden y lo excusan de cualquier acusación, mientras los jueces adictos a Arce lo acusan e investigan, con la intención, aparentemente, de encarcelarlo. Desde la ciudad de Cochabamba, Morales se declara inocente, aclarando que el juicio sobre la presunta violación fue sobreseído y que es una persecución política de Arce, que no le quiere permitir acceder a la candidatura presidencial.
Esa es la guerra política desatada entre dos personajes que se han apoderado del Poder Judicial electo “democráticamente” por una franja mínima de la población de Bolivia. Han convertido al Poder Judicial boliviano en un simple peón de los intereses de grupos políticos, empresariales y criminales en Bolivia.
En ese país la ley reinante es la ley del más fuerte. Traslademos esa experiencia de Bolivia, tal y como se vive hoy y en tiempo real, a México.
La demagogia “democrática” sobre la elección popular de jueces es la misma en México a la que hubo en Bolivia. La resistencia a ese cambio en el Poder Judicial en México es catalogada por AMLO, la Presidenta y Morena también como un golpe de Estado, tal y como sucedió en Bolivia. Pero los mismos actores políticos, económicos y criminales salivan gustosos con la fantasía de controlar todo el Poder Judicial, mientras preparan sus listas de jueces que van a imponer con el voto de las masas sumisas benefactoras de Morena, aunque sea el 10% o 15% del padrón. Así les fue con la revocación del mandato en el 2022. Así de pocos votaron en Bolivia, y así será en México.
Unos podrían pensar que es un absurdo comparar a México, una potencia económica y actor político internacional, con Bolivia, un país sin salida al mar y con una población mermada por la crisis económica y años de aislamiento. Pero ambos países tienen algo en común. Cuentan con clases políticas que han dedicado su tiempo y energía a cultivar, fomentar y fortalecer los complejos e inseguridades más profundas de sus pueblos, hablando siempre del peligro inminente de una nueva conquista de fuerzas extranjeras malévolas.
Han creado el mito de que es sólo a través de tlatoanis como líderes que podrán sobrevivir. No existe la menor intención de fomentar una cultura democrática. Todo tiene que ver con liderazgos impositivos: el padre severo y dominante. Son sociedades donde la fuerza dominante es hegemónica y absolutista.
Bolivia nos está diciendo lo que nos espera con esa ruta trazada. México va directo a la elección de un Poder Judicial que establecerá una nueva lápida sobre un pueblo semienterrado en autoritarismo y subordinación. Tiene una oportunidad de resistencia antes del entierro del orden constitucional y republicano. Los trabajadores del Poder Judicial y el Poder Judicial mismo pueden derrotar ese camino que marca la ruta a la muerte de la democracia, y de México mismo. ¿Se levantará la sociedad para defenderse y salvar a México, acompañando a los trabajadores?
POR RICARDO PASCOE
COLABORADOR
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MAAZ