Para combatir la extorsión, uno de los delitos de mayor prevalencia en el continente, la denuncia ciudadana debe continuar profundizándose. Sea anónima, ante el Ministerio Público o la policía capitalina, con facultades de investigación desconocidas para otros cuerpos de salvaguarda de la integridad de las personas y sus bienes, la colaboración ciudadana es el instrumento central para alimentar la estrategia contra ese delito, segundo únicamente ante el fraude.
Es posible prevenir las extorsiones telefónicas y reducir el riesgo prácticamente a cero con la app No+Extorsiones del Consejo Ciudadano y con adecuada comunicación con los organismos policiales, especialmente el de la CDMX, el más profesional y capaz de cualquiera otra entidad semejante en el resto de la República.
En la lógica delincuencial hay tres aspectos a identificar. En primer lugar, los grupos delictivos difunden una narrativa de colusión policial, por la cual no tendría sentido acudir a denunciar.
Un segundo elemento es la presión ejercida de manera presencial para establecer una relación de control sobre las víctimas, lo cual está relacionado con el tercer factor: la intimidación contra quienes no se someten a sus intenciones y se niegan a pagar por supuesta protección o a cambio de no dañarles en su patrimonio o persona.
De acuerdo con los reportes realizados al Consejo Ciudadano de la Ciudad de México hasta el 98 por ciento de las tentativas de extorsiones se realizan vía telefónica. El restante 2 por ciento son presenciales o lo que se ha dado en llamar "derecho de piso”. A fines de 2018 los reportes de extorsión presencial eran cuatro veces mayores.
Desde la CDMX se ha modelado una estrategia, impulsada por Claudia Sheinbaum como Jefa de Gobierno y ahora continuada por Martí Batres; la Canaco, la Coparmex y la Canirac también han contribuido. La denuncia y activación policial nos es indispensable.
La acción de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a cargo de Pablo Vázquez, esta semana en un tianguis de Iztacalco —donde lamentable un comerciante y un policía fallecieron y una bebé resultó herida— revela decisión contra estos grupos delictivos.
Disposición institucional —evidenciada en estrategias de integración con la ciudadanía como las desplegadas por Clara Brugada como alcaldesa de Iztapalapa o Marcela Villegas desde la Central de Abasto— han contribuido a la disminución en un 42 por ciento de las extorsiones, entre 2019 y 2023 en la CDMX. A nivel nacional, en contraste hubo en 2023 un aumento de 19 por ciento.
Una proyección del departamento de análisis del Consejo Ciudadano señala que si el delito hubiera mantenido su tendencia al alza en la capital nacional, el año pasado se habrían registrado mil 719 carpetas de investigación y se tendría un incremento en el país de 32 por ciento.
Visión, denuncia y acción policial han disminuido extorsión. La CDMX ha impactado los resultados nacionales.
POR SALVADOR GUERRERO CHIPRÉS
Presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX
@guerrerochipres
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