Por resolución de una jueza federal, que siguió a la de un tribunal colegiado, ocho militares acusados de desaparición forzada en el caso Ayotzinapa salieron de prisión este miércoles 24 de enero, y su liberación generó un nuevo y severo diferendo entre los poderes Ejecutivo y Judicial y el rechazo social generalizado a la decisión de los juzgadores.
Me apresuro a decir que no se trata de una exoneración sino de un cambio de medida cautelar (prisión preventiva oficiosa), pues el proceso judicial al que están sujetos los militares continúa solo que ahora los ocho podrán afrontarlo en libertad, si bien con una serie de limitaciones, entre ellas la firma quincenal en un juzgado de distrito, el pago de una garantía económica de 50 mil pesos, la prohibición de salir del país y la entrega de su pasaporte al juzgado.
El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó duramente al Poder Judicial por esa resolución y la Secretaría de Gobernación tampoco se ahorró descalificaciones y anunció que solicitará a la Fiscalía General de la República que, “de ser procedente, se otorguen nuevas órdenes de aprehensión y se agoten todas las líneas de investigación”.
La FGR, por su parte, tronó también contra los juzgadores involucrados y anunció que emprenderá acciones contra ellos, pero no explicó por qué, como lo hizo notar el Consejo de la Judicatura en un comunicado, en una parte importante del proceso, “únicamente los militares interpusieron recurso de revisión, no así la fiscalía” (negrillas del comunicado).
Dicho de otro modo, sin negar que una parte de los juzgadores de este país están involucrados en hechos de corrupción y que algunos de ellos parecen actuar por motivaciones políticas, lo cierto es que la FGR pierde no pocos casos por sus propios errores y omisiones.
Y en este caso, aunque los militares tienen derecho a ser defendidos, es también lamentable que, como lo señaló el ex secretario de Gobernación Alejandro Encinas, los propios abogados de la Secretaría de la Defensa Nacional “litiguen contra la investigación que encabeza el presidente de México”. ¿Es legal y aceptable la actuación de tales abogados presuntamente militares en juzgados y procesos civiles, se trata de defensores de oficio? El titular de Sedena, general Luis Cresencio Sandoval, le debe una explicación a la sociedad mexicana.
López Obrador tiene el compromiso, reiterado más de una vez, del total esclarecimiento del caso Ayotzinapa. Hay elementos para considerar que ese compromiso no está cumplido integralmente, pero también es cierto que ha habido avances notables, especialmente el encarcelamiento de militares, incluido un general. No deben ser desestimados tales encauzamientos en un país donde formalmente no existe la casta militar, pero en la realidad los mílites disfrutan de privilegios y con frecuencia exigen consideraciones a las que ni de lejos tienen acceso los civiles.
Pero la liberación de los ocho es un precedente ominoso.
Plus Online: Carta a la Corte
Previendo lo que se avecinaba y por instrucciones del presidente López Obrador, la secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, envió el 12 de diciembre de 2023 una carta a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, en la cual advertía que, “al modificar la prisión preventiva oficiosa existe un alto riesgo de sustracción de la justicia, por ejemplo, que se vuelvan ilocalizables o huyan del país”. La secretaria señaló que se trata de un asunto de gran trascendencia para el Estado, “por las graves violaciones a derechos humanos que se cometieron”.
Tiene razón Gobernación, pero lo cierto es que la autonomía que la Constitución y las leyes otorgan a los juzgadores hace difícil e ilegal la intervención de la Corte para orientar los fallos. Cierto que en la práctica abundan los jueces de consigna y las consignas, pero no debe olvidarse que quienes las emiten y las acatan incurren en responsabilidad y violan el principio de imparcialidad.
Sin embargo, todos los juzgadores deberían tener presente que el cumplimiento de sus deberes exige no sólo el acatamiento de la ley, sino también la impartición de justicia. Cuando la aplicación de la ley no se concilia con la justicia, padecen las víctimas y se favorece la impunidad.
Con la liberación -que no exoneración- de los tres cabos, cuatro sargentos y un subteniente, el número de militares en prisión por Ayotzinapa -informa el diario El Sur, de Guerrero- se reduce a cinco, entre ellos el general brigadier José Rodríguez Pérez, ex comandante del 27 Batallón de Infantería del Ejército, con sede en Iguala.
El Centro Prodh sintetizó en “X”, al lamentar la liberación de los ocho, la situación del caso Ayotzinapa:
“El proceso se está derrumbando. A las decisiones parciales de jueces, se suma la inoperancia de la Fiscalía Especial y la intervención de SEDENA, que brinda asistencia legal y apoyo a los acusados”.
POR EDUARDO R. HUCHIM
COLABORADOR
@EDUARDORHUCHIM
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