Objetivos electorales son el trasfondo de las tres reformas que el presidente Andrés López Obrador enviará al Congreso de la Unión en el siguiente periodo ordinario de sesiones, que inicia en febrero próximo, el último de su gestión.
El plan es evidente: el envío, discusión y votación de sus propuestas de reformas al Poder Judicial, al sistema de pensiones y en materia salarial se empatarán con la campaña electoral, y el cálculo es que incidan directamente en ésta, pues se convertirán en banderas políticas para su candidata y su movimiento.
No sólo eso, también pretende poner a la vox populi contra la oposición, el empresariado y la Suprema Corte, que a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial calificará la elección de este 2024, en la que se eligen presidenta o presidente, 500 diputados, 128 senadores, ocho gobernadores y jefe de Gobierno, entre los principales cargos.
Siendo la elección por voto popular de ministros, magistrados y jueces el eje central de su propuesta para reformar el Poder Judicial, está anunciado que encontrará el sensato rechazo de legisladores opositores, la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña y otros ministros, con excepción de Lenia Batres (designada directamente por AMLO), Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz.
En cuanto a su iniciativa sobre las pensiones, el presidente propone que todos los trabajadores se jubilen con el cien por ciento de su último salario y que el gobierno incluso pueda administrar las afores. Por supuesto ya hay voces en contra del empresariado y de los partidos políticos no alineados al régimen lopezobradorista.
Lo mismo con la referente a los salarios mínimos, donde busca elevar a rango constitucional, modificando el Artículo 123 de la Carta Magna, que éstos deban incrementarse anualmente por encima de la inflación. No hace falta ser adivino para saber que el sector patronal y gran parte de la oposición se opondrá.
Se aprueben o no, es una fórmula ganar- ganar para el mandatario, si la oposición, el Poder Judicial y el empresariado caen en su juego. Aunque le es más redituable que no se aprueben, como todo indica que será.
Las tres son reformas constitucionales, y para que pasen en el Congreso requieren mayoría calificada; es decir dos terceras partes de las cámaras de Diputados y Senadores.
Esa mayoría no la tiene el presidente en sus bancadas legislativas (Morena, PVEM y PT). Pero el rechazo lo usará en plena campaña electoral para acusar a la oposición (PAN, PRI y PRD), a la Corte y al empresariado de enemigos del “pueblo bueno y sabio”.
Oro molido para apuntalar a sus candidatas y candidatos.
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Fuerte resistencia ha generado en el morenismo de Huixquilucan la aspiración de Pepe Toño García a la alcaldía. Su pasado panista es motivo de desconfianza y escepticismo en las bases del partido guinda, que todavía lo ven como leal a Acción Nacional.
Además, no se ayuda: dicen que es prepotente, arrogante y que hasta pelusea a la militancia. De paso, ya también se ganó la desconfianza del empresariado.
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De la mano llevará el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su esposa Mariana Rodríguez, a Jorge Álvarez Máynez, ungido ayer como candidato presidencial de Movimiento Ciudadano. En lo hechos serán los coordinadores de campaña, aunque lo harán tras bambalinas.
Y el primer acto que prepararon fue que Pablo Lemus, candidato a gobernador de Jalisco, le levantara la mano. Una señal de que el emecismo de ese estado ya no es alfarista.
De hecho, el actual gobernador, Enrique Alfaro, perdió en esa designación. Lo dejaron sin posibilidad de opinar e influir en la decisión. Y sin peso político.
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EN EL VISOR: No extraña el berrinche de Sanjuana. No es nuevo que acuse sin pruebas ni que traicione a quienes la han sostenido pese a sus embustes, como hizo con Carmen Aristegui. Su más reciente pataleta, dicen sus nuevas víctimas, se debe más bien a que no la quisieron hacer legisladora, para tener fuero.
POR: RAYMUNDO SÁNCHEZ PATLÁN
RAYMUNDO@ELHERALDODEMEXICO.COM
@R_SANCHEZP
MAAZ