El dictamen que integra la propuesta de la reforma de diversas leyes electorales aprobadas en comisiones se sintetiza en lo siguiente: se establecen límites al INE y al TEPJF para que no atenten contra la libertad de expresión de las y los mexicanos; las y los consejeros y magistrados no podrán ganar más que el Presidente; desaparecen fideicomisos millonarios del INE; se garantiza el voto de personas que se encuentren en prisión preventiva o en estado de postración; se impulsa el voto de mexicanos en el extranjero vía electrónica.
El INE, creado en 1990, ha sido objeto de múltiples transformaciones desde que se creó como Instituto Federal Electoral hasta nuestros días. Cualquier institución que requiera fortalecer sus atribuciones y facultades para hacerlas más operativas, menos onerosas y sobre todo eficientes, son completamente susceptibles de reformarse.
El INE se convirtió en una suerte de lo que fue la Policía Federal, donde en el discurso se buscó incidir en los altos niveles de criminalidad y en los hechos su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, está siendo juzgado por su complicidad con el crimen organizado en México. Toda proporción guardada de las diversas actividades del INE, como la fiscalización, se ejerce a modo, se persigue no con un ánimo de justicia, sino como de vendetta.
Nadie duda que la democracia en México maduró, pero la observancia y mantenimiento de esta condición requiere cirugía mayor.
Será hasta el próximo sexenio cuando las reformas constitucionales sean una realidad para impulsar el voto electrónico, el derecho del voto para la comunidad penitenciaria en su totalidad, y el sufragio de los mexicanos en el exterior.
La marcha del próximo domingo está integrada por personas que no conocen el contenido de la reforma, los mueve el burdo aspiracionismo, su anhelo de sentido de pertenencia a un grupo que tampoco pertenecen, y por encima de todo de un agrio sentimiento a la transformación nacional. Los líderes de esta expresión no son activistas sociales, son farsantes con disfraz de demócratas.
Ampliamente en su calidad de jefe de Gabinete, como secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández ha acudido a gran parte del territorio nacional para socializar el contenido de la propuesta legislativa, para sensibilizar a los liderazgos populares sobre la necesidad de contar con instituciones transparentes que sólo obedezcan a la soberanía popular, es un hecho inédito y que tendría que ser una práctica permanente, los temas de la agenda nacional practicados con alta eficiencia política. Sin duda, el derecho a la libre expresión está absolutamente garantizado como nunca antes, el derecho a disentir legitima, las acciones de inconstitucionalidad también estarán sujetas a la interpretación de la Suprema Corte, quienes más allá del tema jurídico-legal deben concentrarse en el bien superior y no en la coyuntura política. Hay una agenda legislativa con profundas reformas aún pendientes por desahogar, el fortalecimiento del Poder Judicial también está en la mesa.
POR RICARDO PERALTA
COLABORADOR
@RICAR_PERALTA
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