La libertad de emprender, competir, innovar o simplemente expresarse, es un acto de rebeldía mucho más frecuentemente de lo que puede parecer, hasta para quienes son vistos como más poderosos.
Las historias están más que documentadas. En 2002, tras años de negativas gubernamentales, Banco Azteca logró abrir sus puertas para beneficiar a millones de personas que la banca de entonces despreciaba, no sin las continuas trabas del entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, quien protegía a capa y espada los intereses de los grupos financieros de entonces.
Antes de ocupar el cargo, había sido miembro del consejo de administración de Banamex. Durante su gestión, operó para que sus antiguos patrones vendieran el banco a un comprador específico, pero a través del mercado bursátil para evadir el pago de 3 mil 500 millones de dólares en impuestos.
Tras verse obligado a otorgar la licencia de funcionamiento a Banco Azteca, Gil Díaz tomó venganza estableciendo demandas fiscales injustas y desproporcionadas contra Grupo Salinas lo que, en legítima defensa, desató largos litigios que continúan dirimiéndose en el sistema legal. La igualdad ante la ley y el amparo frente a actos arbitrarios de la autoridad son derechos constitucionales.
En 1993, la privatización de TV Azteca no fue por ningún favoritismo y sí frente a cientos de trabas del monopolio de entonces. De hecho, fue el primer medio de comunicación que pagó una contraprestación al Estado a cambio de la licencia para operar, lo que ha hecho por 30 años con una vocación de pluralidad bien acreditada.
El empresario Ricardo Salinas ha coincidido con el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador en muchos temas, como la ruina que representó el convertir en deuda pública miles de millones de pesos de deudas privadas mediante el Fobaproa.
Después de que Felipe Calderón se quedó en 2006 con el triunfo de la elección presidencial por apenas el 0.56 por ciento de diferencia, López Obrador denunciaba continuamente un “cerco informativo” de los medios en su contra.
TV Azteca fue la única que le abrió su pantalla para que transmitiera un programa semanal llamado “La verdad sea dicha”, en que daba seguimiento al trabajo del gabinete espejo que había integrado luego de proclamarse presidente legítimo para ventilar los asuntos del “gobierno espurio”. Eso ocasionó una dura y tupida andanada de presiones por parte de Calderón y su administración contra Grupo Salinas.
Mientras, incluso los medios identificados como afines a la izquierda publicaban notas en que dirigentes políticos de otras filiaciones señalaban a ese esfuerzo como sólo una maniobra en busca de notoriedad.
Siendo opositor, López Obrador tuvo acceso en muchas ocasiones a cámaras y micrófonos de TV Azteca. En 2016, Ricardo Rocha y Sergio Sarmiento lo invitaron a hablar extenso y sin cortapisas ni cortes sobre sus posiciones políticas y aspiraciones presidenciales. En el sexenio peñanietista, continuaron los litigios en que Grupo Salinas se defiende de las arbitrariedades.
El problema con la pluralidad es que es muy positiva para quienes la buscan desde el disenso, pero no siempre para el poder. En el calderonismo se generalizaron las voces críticas sobre el baño de sangre en que se convirtió su estrategia de seguridad. En el gobierno siguiente, la ineficacia en la atención del sismo de 2017 y los escándalos de corrupción también tuvieron ese efecto.
La función pública siempre está bajo escrutinio en las democracias.
Por Adriana Delgado Ruiz
Colaboradora
@AdriDelgadoRuiz
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