Nadie puede negar que la educación es una importante herramienta para impulsar el empoderamiento de las mujeres y las niñas, pero no cualquier tipo de educación, sino aquella que combata los estereotipos y prejuicios de género. Paulo Freire sostenía que “la educación verdadera es praxis, reflexión y acción sobre el mundo para transformarlo”; para este célebre pedagogo, la educación no puede cerrar sus puertas a la realidad social, económica y política, sino que, por el contrario, está llamada a recoger las expectativas, sentimientos, vivencias y problemas del pueblo. La educación como instrumento liberador precisa comunicación entre todas las personas que participan en ésta: estudiantes, docentes, autoridades, familias y sociedad. Por ello, la educación con perspectiva de género requiere que todas las personas participantes del proceso enseñanza-aprendizaje estén sensibilizadas en la materia, especialmente las personas docentes y autoridades, ya que de éstas depende guiar al alumnado en el camino que le llevará a despertar un pensamiento crítico y libre de prejuicios.
Si bien, la Constitución Política, a partir de la reforma de 2019, ha definido que la educación obligatoria en nuestro país se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas y estará enfocada en los derechos humanos y la igualdad sustantiva, no puede dejarse de observar la inequidad que enfrentan mujeres y niñas en el país y que en muchas ocasiones condiciona su desarrollo académico y profesional. Por ejemplo, en México, de acuerdo con las Doctoras María Angélica Cruz Reyes y Nadima Simón Domínguez, sólo el 43% de las mujeres participa en el mercado laboral, contra el 78% de los hombres. Por cada 10 hombres que emprenden, sólo hay 8.3 mujeres en promedio que lo hacen, y del total de la fuerza laboral femenina, sólo el 2,2% son empresarias, mientras que el 5.6% de hombres son empresarios, incluso aunque las mujeres en el sector educativo representan el 51.2% de la matrícula de maestría y el 51% de las especialidades, su presencia en puestos de liderazgo con responsabilidades directivas es de 29% y en los puestos intermedios de las grandes corporaciones del país no supera el 23%. La disparidad salarial relacionada con la maternidad, es decir, la diferencia del salario entre las mujeres que son madres y las que no lo son, es cercana al 30%. Eso sin considerar que las mujeres dedican hasta tres veces más tiempo a la semana al trabajo del hogar y de cuidado no remunerado que los hombres, lo que condiciona negativamente la disponibilidad del tiempo para su desarrollo personal, profesional y educativo.
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) un 46% de la niñez entre 5 y 12 años (32 millones de niñas y niños) no tiene acceso a ninguna conectividad para su educación. En 2021, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura reportó que la región, 244 millones de personas no acceden a servicios de Internet, ni móvil ni fijo y que 40 millones de hogares no están conectados, cifras que constituyen un desafío para todos los sistemas educativos de la región, sobre todo cuando se augura que, en 25 años, la mitad de las actividades en el mundo serán automatizadas y gran parte de los trabajos se desempeñarán mediante plataformas de comunicación remotas y acceso a internet.
En este contexto, los avances en una cultura por la igualdad de género requieren, como lo ha dicho la Doctora Eugenia Correa, una conciencia de igualdad de género, pero también racial, de posición económica, de edad, de nacionalidad, de lengua, de discapacidad y de tantas otras como sea necesario hasta materializar la igualdad. Las personas en situación de discapacidad, por ejemplo, necesitan accesibilidad educativa, es decir, deben encontrar opciones dentro de las instituciones públicas que respeten sus derechos y les faciliten desarrollar sus potencialidades.
La incorporación de la igualdad de género en los planes y programas de estudio en nuestro país, como lo marca la Constitución, es indispensable para avanzar hacia la educación liberadora, sin duda, pero ésta debe de ir acompañada de presupuestos que permitan que las escuelas y centros educativos también promuevan condiciones para reconocer, redistribuir, reducir y representar el trabajo de cuidados, beneficiando a estudiantes, docentes y sus familias, así como para consolidar espacios educativos seguros y libres de cualquier tipo de violencia, especialmente de violencia de género, sin estas condiciones mínimas no se podrá garantizar la educación liberadora que las niñas, adolescentes y mujeres en México merecen.
POR DRA. ZULEMA MOSRI GUTIÉRREZ
MAGISTRADA DE LA SALA SUPERIOR Y PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PARA LA
IGUALDAD DE GÉNERO DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
@Z_MOSRI
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