El Poder Judicial de la Federación debería ser el máximo intérprete y garante de la Constitución, pero en lugar de eso ha tergiversado esas atribuciones para convertirse en una especie de autocracia que evade la rendición de cuentas y los contrapesos entre Poderes.
Hoy no rinde cuentas a nadie, su único mecanismo de rendición de cuentas es un informe anual de labores que no tiene ninguna relevancia ni difusión y que sólo sirve para que la o el presidente en turno de la Corte haga un evento para la foto. Por otro lado, el Consejo de la Judicatura ha probado ser una herramienta de encubrimiento interno y no un mecanismo disciplinario eficaz.
El tema de sus fideicomisos es un ejemplo de la tergiversación de sus funciones. En primer lugar, la oposición y el propio Poder Judicial pierden de vista un aspecto fundamental: las instituciones del Estado no tienen finalidad de lucro y, por tanto, no es su función estar acumulando riqueza. Sus recursos provienen del Presupuesto de Egresos y deben rendir cuenta de su ejercicio. Nuestro marco jurídico permite a las instituciones de Estado la creación de fideicomisos para fines específicos relacionados con su función y están sujetos a mecanismos de transparencia.
Pero actualmente el Poder Judicial cuenta con 14 fideicomisos y fondos, de los cuales solamente dos están contemplados en la ley. Varios de ellos, por cierto, son totalmente ajenos a los fines del Poder Judicial, por ejemplo, el fideicomiso 80693 para el mantenimiento de casas de jueces y magistrados; el 80690, 80691 y 80692, para pensiones complementarias de jueces y magistrados; un fondo de cooperación técnica con España, dos fondos de prestaciones y apoyos médicos complementarios, un fideicomiso de “apoyo económico extraordinario” (sea lo que sea para lo que se use), e incluso un fondo de remanentes presupuestales.
¿Acaso no saben que los remanentes presupuestales se deben devolver al erario?
Si la ley establece el Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, que por definición engloba todo lo que sea necesario para el mejoramiento de la justicia, entonces ¿para qué el Poder Judicial creó otros fideicomisos como el 2125 para el fortalecimiento y modernización de la impartición de justicia, o el 80695 para desarrollo de infraestructura derivada de las reformas constitucionales, si esos conceptos son, por definición, parte del mejoramiento de la justicia?
Pero además, la ASF (y eso no lo dijo el Poder Judicial en su boletín de prensa) ha emitido observaciones en las que da cuenta de la poca utilización de los recursos de los fideicomisos, lo que muestra que para el cumplimiento de los fines para los que fueron creados, el Poder Judicial utiliza recursos presupuestales y no los de los propios fideicomisos. Entonces ¿para qué siguen acumulando recursos? ¿Para ocultar el desvío de recursos públicos? Dicen por ahí: piensa mal y acertarás.
Con todos estos datos queda claro que la extinción de los fideicomisos no es un acto de venganza política, sino de combate a la corrupción, la opacidad y los excesos cometidos por quienes han convertido al Poder Judicial en una autocracia y un coto de enriquecimiento y privilegios.
POR: BENJAMÍN ROBLES MONTOYA
COLABORADOR
EEZ