El 2023 será un parteaguas para la democracia electoral que hemos construido en las últimas décadas.
Fracasado intento de modificar la Constitución, al cierre del año pasado quedó pendiente de aprobación en el Congreso el llamado Plan B, es decir, las reformas legales. Previsiblemente, el tema será discutido al inicio del periodo legislativo en febrero. A diferencia de las reformas constitucionales, tratándose de leyes secundarias sólo se requiere de mayoría absoluta de votos (mitad más uno) para modificarse. La coalición de Morena los tiene.
En este contexto, el tema de modificar las reglas para el proceso electoral del 2024 es preocupante por varias consideraciones. Anoto algunas.
1. De entrada, las autoridades contarán con nuevos miembros que se estrenarán con las elecciones en Coahuila y el Estado de México. En abril dejarán su cargo cuatro consejeros del INE, entre ellos su presidente Lorenzo Córdova. Y también deberán incorporarse dos magistrados del Tribunal Electoral de la Federación.
2. La reforma está plagada de potenciales violaciones a la Constitución. En el debilitamiento del INE, el control del padrón electoral, la injerencia de funcionarios en activo con recursos publicos… El propio Senado de la República identificó 21 “bloques de inconstitucionalidad” en las leyes aprobadas por la Cámara de Diputados, empezando por un atropellado procedimiento legislativo que podría viciar de origen toda la legislación.
3. Conforme a la Constitución, las leyes electorales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral, lo cual sucederá en septiembre de este año. El problema es qué pasa si la legislación es impugnada, lo que nos lleva al siguiente punto.
4. Contra la nueva legislación podrían interponerse acciones de inconstitucionalidad por parte de las minorías de Diputados o Senadores; controversia constitucional de un órgano autónomo (INE), y amparos por afectaciones directas, por ejemplo de los 3,000 trabajadores del servicio profesional electoral que serían despedidos de sus cargos. Estamos hablando de cientos de juicios posibles.
5. El papel de los jueces será crucial, empezando por determinar la permanencia o no del personal encargado de los comicios. Y, sobre todo, la Suprema Corte que recibirá las impugnaciones constitucionales. Será la prueba de fuego para la presidenta Norma Piña que podría optar por archivarlas o, por el contrario, someterlas a discusión dada su relevancia.
Vamos rumbo a los comicios más grandes de la historia, y una contienda presidencial con resultado altamente incierto. Así debe ser en democracia. Donde no debe caber la incertidumbre es en las reglas y las instituciones encargadas de organizar, calificar y juzgar los comicios. Es la única garantía para preservar nuestra imperfecta pero existente democracia.
POR VERÓNICA ORTIZ
COLABORADORA
@VERONICAORTIZO
PAL