El principio fundamental de una democracia es la participación del pueblo en la toma de decisiones, lo que resulta más que obvio si consideramos que la democracia es una forma de gobierno por y para la gente.
Por esa razón, quienes formamos parte de la 4T sostenemos que en el periodo neoliberal la democracia mexicana fue una simulación en la que la voluntad ciudadana era lisa y llanamente ignorada y las decisiones radicaban en las élites económicas y se orientaban en su beneficio e intereses, dejando de lado a las y los ciudadanos.
Al amparo de una democracia enteramente representativa, los gobiernos neoliberales alejaron a la gente de los asuntos públicos para poder hacer y deshacer a su antojo; así, llevaron a cabo corruptelas, fraudes electorales y reformas a modo de sus inmorales negocios.
AMLO siempre ha tenido la conciencia de ello, de ahí que su visión y sus posturas se han orientado siempre en favor de la gente. Por eso, frases como “mandar obedeciendo” o “el pueblo pone y el pueblo quita” no son simples slogans de campaña política, sino auténticas convicciones que compartimos con él quienes lo acompañamos en este movimiento transformador, así como la gran mayoría del pueblo de México que le dio el triunfo en 2018 y lo sigue respaldando.
Con esa convicción, una de las reformas más importantes que ha impulsado la 4T en estos poco más de tres años de gobierno fue la incorporación a nuestra legislación de la revocación de mandato, mediante la cual la gente tiene el poder de decisión por encima de sus gobernantes. Sin duda, esta reforma constituye un avance decisivo en la consolidación de una democracia más directa, en la que la gente verdaderamente participa en los asuntos públicos y en el que tiene un auténtico poder de decisión.
Esta reforma no fue una ocurrencia como lo ha querido hacer ver la oposición moral y electoralmente derrotada, sino un compromiso de campaña que forma parte del proyecto de Nación por el que la inmensa mayoría de las y los mexicanos votaron en 2018. Por eso, hoy es una realidad, le pese a quien le pese.
Resulta penoso que el INE, una vez más, haya actuado parcialmente y por consigna haciendo una interpretación de la Ley Federal de Revocación de Mandato y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales restrictiva y nugatoria de los más elementales derechos ciudadanos a la participación y a la libertad de expresión. Tan vergonzosa y descarada ha sido su actuación, que en un ejercicio inédito el Congreso tuvo que aprobar un decreto de interpretación auténtica, en el que le aclara el INE el sentido real de las normas, ante la constante tergiversación del árbitro electoral. Puedo entender que Ciro Murayama sea ignorante de las leyes, su interpretación y alcances, pero se supone que Lorenzo Córdova, como abogado, doctor en teoría política, investigador y académico debería saberlo, o ¿acaso ambos lo saben y simplemente es su decisión violarlas?
En la cada vez más abierta y evidente complicidad entre el INE y la oposición, esta última pretendió argumentar que el decreto interpretativo viola el mandato constitucional de que toda reforma electoral debe realizarse a más tardar 90 días antes de un proceso electoral, lo que constituye un falso debate pues este decreto en nada reforma la ley, sino simplemente clarifica su contenido.
Con la interpretación del Congreso queda claro qué es la propaganda gubernamental, así como qué pueden y qué no pueden hacer los servidores públicos.
Así que la revocación de mandato va, porque en la Cuarta Transformación no le tenemos miedo a la democracia, ni animadversión a la voluntad popular. Cumplimos nuestra palabra de darle el poder al pueblo, que es fuente de la Soberanía Nacional.
POR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA
DIPUTADO FEDERAL DEL PT
@BENJAMINROBLESM
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