Con la idea equivocada de que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) era “una instancia de espionaje político que costaba muy cara”, en el año 2018, tras triunfar en las urnas, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró su desaparición. Razones esbozó pocas, como el hecho de descubrir que agentes del Centro seguían sus actividades desde hacía muchos años y que “escuchan conversaciones telefónicas”.
Su desconocimiento sobre el rol de la inteligencia en la salvaguarda de la seguridad nacional, la seguridad pública y la gobernabilidad, lo llevaron a ver de manera muy simplista la existencia del Cisen. Entendible bajo la óptica de un líder opositor, pero no de un jefe de Estado. Para fortuna de México, decidió perdonarle la vida, bautizarlo con otro nombre, Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y colocar al frente a uno de sus hombres de mayor confianza, el general Audomaro Martínez Zapata.
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Quienes hemos ejecutado políticas públicas en materia de seguridad, he intentado hacerlo bajo las mejores prácticas, siempre reconoceremos la valía de una instancia del Estado capaz de generar y administrar información estratégica, susceptible de explotarse en beneficio de millones de mexicanos. Si bien, la actual administración apostó inicialmente al perdón y renunciar al uso de la fuerza pública como muestra de buena voluntad frente al crimen organizado, la realidad es que para éste fue un llamado ingenuo que nunca escuchó y muestra diariamente su capacidad de teñir de rojo al país en busca de lucro económico e influencia política.
En días pasados, redes sociales y prensa nacional informaron de una detención que merecía más análisis y espacios de los que tuvo. Fue la de José Bryan Salgueiro, alias El 90, perteneciente a uno de los grupos importantes al interior del cartel de Sinaloa. Más que al delincuente, vale resaltar la pulcritud de la operación, que implicó ingresar al corazón del territorio de influencia del grupo criminal, irrumpir en una ceremonia religiosa y, sin violencia, extraer al objetivo para presentarlo ante la justicia.
Pareciera que la inteligencia ha recobrado un lugar en la agenda y que algo al interior del propio Centro Nacional de Inteligencia (CNI) se ha recompuesto en el manejo de operaciones, impulsando la coordinación con instancias de índole civil, como la Comisión Nacional de combate al Secuestro, la Agencia de Investigación Criminal y algunas secretarías de seguridad, como la de la Ciudad de México, además, claro está, de hacerlo con las Fuerzas Armadas.
El Estado mexicano cuenta con personas, tecnología y procesos construidos a lo largo de muchas décadas, aunque el presidente insista en que todo en el pasado estaba descompuesto. Operaciones como la mencionada recuerdan que coordinación entre Fuerzas Armadas y civiles es posible.
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Decenas de casos así lo acreditan los últimos 15 años. Permitir a la inteligencia seguir su propio cauce en beneficio del país es obligación de Estado, al margen de quién gobierne. Por el bien de todos, ojalá se repitan por decenas detenciones como la de El 90 en Culiacán, en donde, por cierto, existe una recaptura pendiente.
MANELICH CASTILLA
COLABORADOR
@MANELICHCC
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