El Estado de Derecho es uno de los valores fundamentales en los que se basa la Unión Europea (UE) y es un requisito indispensable para poder adherirse al club comunitario.
El respeto a este modelo se encuentra consagrado en el artículo segundo del Tratado del sector, forma parte del derecho originario, y debe ser acatado y respetado por los 27 países miembros, como Alemania, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, Países Bajos, entre otros, por ejemplo, las reglas son las que reinan, por lo que la tutela judicial efectiva requiere de independencia, calidad y eficiencia de los sistemas judiciales nacionales.
Lo anterior se comenta debido a que, en enero de 2021, se aprobaron los fondos de recuperación dentro del presupuesto plurianual 2021-2027 y se llegó al acuerdo de condicionar los fondos al respeto y espíritu de los valores del Estado de Derecho en
aquellos países.
Por su parte, la Comisión se había comprometido con Polonia y Hungría a no activarlo hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictara sentencia contra los recursos interpuestos por esos países.
Así las cosas, y después de varios meses, los recursos presentados por los gobiernos de extrema derecha del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, y del premier polaco, Mateusz Morawieki, fueron desestimados.
Ambos países argumentaron que el reglamento de condicionalidad era incompatible con el derecho de la UE, sin embargo, el TJUE sentenció que el reglamento sí es compatible y considera que “la vulneración al Estado de Derecho puede suponer que los gastos cubiertos por el presupuesto no respondan a los objetivos perseguidos por la UE cuando los financia”, por lo que un “mecanismo de condicionalidad horizontal, que supedita el acceso a financiación procedente del presupuesto del bloque, al respeto de los principios del Estado de Derecho”, tiene cabida dentro de las competencias de las que goza este bloque para establecer normas financieras que supervisen la ejecución presupuestaria y si se respeta el principio de seguridad jurídica.
En tanto, los eurodiputados pidieron a la Comisión celeridad para recortar las ayudas multimillonarias que reciben cada año Hungría y Polonia.
Al respecto, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, celebró la sentencia del TJUE y sentenció: “actuaremos con determinación cuando se den las condiciones”, y tomará medidas contra Hungría y Polonia una vez que tenga pruebas fehacientes de que ciertas violaciones del Estado de Derecho ponen en peligro el presupuesto comunitario.
La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, externó el 16 de febrero pasado, que “El Estado de Derecho es la base sobre la que se construyen nuestros tratados y no es negociable”.
En suma, el Estado de Derecho debe ser respetado por todos y cada uno de las naciones miembros del bloque.
POR ALICIA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ
PROFESORA INVESTIGADORA DE LA FACULTAD DE ESTUDIOS GLOBALES DE LA UNIVERSIDAD ANÁHUAC MÉXICO
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