Ante la inminente llegada del invierno boreal y la urgente necesidad de construir consensos para enfrentar la crisis energética agravada por el recorte de suministros de gas derivado del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, la Unión Europea (UE), la semana pasada llevó a cabo la cumbre de Bruselas, con la participación de sus 27 jefes de Estado y de Gobierno.
A pesar de sus diferencias, todos de manera unánime están de acuerdo sobre la necesidad de una política de Estado intervencionista para contener los precios del gas; el desacuerdo gravita en el grado y la magnitud, es así como se han conformado dos bloques, uno proclive a un mayor intervencionismo, encabezado por España, Francia, Bélgica y Grecia; y otro más conservador en torno a las medidas que puedan incidir en el mercado, representado por Alemania, Hungría, Países Bajos, nórdicos y bálticos.
Aun así, obligados por las circunstancias han acortado sus diferencias para llegar a un acuerdo mínimo, que es una carta de navegación para limitar los precios de la energía en el continente europeo, cuyo aspecto central es estudiar el tope al precio del gas en contextos de costos excesivos; analizar la posibilidad de ampliar la excepción ibérica y la compra conjunta de gas.
Macron, el presidente de Francia, sostuvo que, si funciona el tope para disminuir los precios, éstos bajarán de manera sistemática; al respecto, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, lo contradijo, afirmando que está medida puede ahuyentar los barcos de gas licuado, lo que empeorará los problemas de suministro de la UE.
Sin embargo, Olaf Scholz canciller de Alemania, el país que más se oponía a una política intervencionista, pero anunció un plan de 200 mil millones de euros para subsidiar a sus ciudadanos y empresas; al final de la cumbre ha celebrado los acuerdos, destacando que las compras conjuntas son una buena medida para enfrentar el próximo invierno y permitirá una reducción de los precios.
Con relación a las compras conjunta, están previendo que a pesar de haber logrado un almacenamiento del 90% para encarar el próximo invierno, si al final de la temporada agotan sus suministros; para el invierno de 2023 les será muy difícil lograr el 90% de almacenamiento; ante este escenario, los estados miembros estarían obligados a comprar de manera conjunta al menos el 15% de su almacenamiento.
Sobre la ampliación a todo el continente del mecanismo para limitar el precio del gas y rebajar el precio de electricidad en la Península Ibérica, se acordó llevar a cabo un análisis de costo-beneficio para ponderar una decisión al respecto.
Todo ello será materia de trabajo para los ministros de Energía, que se reunirán en Luxemburgo el próximo martes, para traducir estos acuerdos políticos en un documento técnico y operativo, lo cual será un asunto complejo y con el tiempo encima.
MANUEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
DIPUTADO FEDERAL
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA DE LA LXV LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
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