Las mujeres que se atreven a desafiar los estereotipos de género son frecuentemente señaladas como “conflictivas y problemáticas”. La explicación a este fenómeno la podemos encontrar en la dimensión prescriptiva de los estereotipos, la cual consiste en que —a partir de las características que se adjudican a cada género— se establecen expectativas sociales respecto a cómo deben ser y comportarse las mujeres y los hombres en función de su sexo. Así, la división sexual del trabajo ha servido —históricamente— para apartar a las mujeres de la vida pública, de la participación política y del ejercicio de cargos directivos y de decisión, tanto en el sector público como en el privado.
La poca o nula participación de las mujeres dentro de las organizaciones favoreció que la estructura de éstas, su jerarquización y el desarrollo de las tareas se realizara —durante siglos— bajo una óptica exclusivamente masculina, por lo que tampoco es poco frecuente que las características del liderazgo coincidan con los atributos de la masculinidad hegemónica: fuerza, independencia, agresividad, competitividad, racionalidad y dominio.
La masculinidad hegemónica y la forma cómo promueve la violencia contra las mujeres y las infancias en su proceso de autoafirmación ha sido uno de los factores principales que ha impedido a las sociedades crear las condiciones materiales necesarias para que las mujeres puedan ejercer su derecho a vivir una vida libre de violencia. Desde los machismos cotidianos hasta las agresiones que comprometen directamente la integridad física y la vida de las mujeres, hay múltiples violencias que son toleradas y estimuladas al amparo de los estereotipos de género y que se conservan impunes por la aceptación social que las encubre.
Descalificar las capacidades, habilidades y desempeño de las mujeres por creer que sólo pueden realizar tareas de cuidados y crianza; originar o propagar rumores que las vincula afectiva o sexualmente con sus superiores jerárquicos u otros colaboradores de las instituciones; cuestionar la forma en que las mujeres desarrollan sus actividades profesionales si no se comportan de manera dócil e impulsar el rechazo a las mujeres y a sus aportaciones dentro de las instituciones porque éstas no se ajustan a los roles de género —aun cuando se pretendan hacer pasar por bromas— constituyen prácticas discriminatorias y violencia contra las mujeres, por lo que deben ser erradicadas.
Diversos estudios de género han expuesto la forma inequitativa en que las mujeres son evaluadas. Cuando ellas se comportan bajo el esquema de dirección “masculino”, es decir, si son vistas como fuertes, independientes o dinámicas en la gestión de recursos o en la toma de decisiones, enfrentan criticas porque se piensa que están contradiciendo su “naturaleza femenina”.
De igual forma, si las mujeres recurren a esquemas laborales más colaborativos son acusadas de débiles y sin carácter. En ambos casos, su liderazgo se descalifica debido a la connotación negativa que durante siglos se ha dado a lo femenino en contraposición a lo masculino, un factor del que no hay conciencia al interior de las organizaciones.
La sociedad actual exige la sustitución del liderazgo agresivo e impositivo tradicional por esquemas más participativos que —además de incrementar la productividad— valoren el bienestar de las personas y promuevan la empatía, la confianza y la comunicación, indispensables para garantizar la igualdad en una sociedad democrática.
La prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres requiere —además— que las instituciones tomen medidas para desalentar la proliferación de expresiones negativas sobre el liderazgo y desempeño profesional de las mujeres a partir de estereotipos de género —por más “sutiles” o aceptadas que sean dichas prácticas.
La erradicación de las expresiones sexistas y misóginas combate los principales prejuicios sobre las mujeres en el ámbito laboral remunerado y favorece condiciones más propicias para la igualdad.
POR DRA. MAGDA ZULEMA MOSRI GUTIÉRREZ
MAGISTRADA DE LA SEGUNDA SECCIÓN DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
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