Mientras los indicadores económicos muestran que nos encaminamos hacia nuevas dificultades económicas –aunque en realidad ha estado ahí todo el sexenio y esto es sólo un capítulo más– esta semana arrancaron las sesiones del parlamento abierto para discutir la contrarreforma eléctrica propuesta por el gobierno en octubre de 2021. Más allá de los conceptos inocuos y lugares comunes como la soberanía energética, la discusión de la reforma eléctrica debe ser una discusión fiscal y de economía política.
A pesar de las mentiras del gobierno, desde el punto de vista fiscal los datos no dejan mucho espacio a discusión. Por una parte, las reglas de despacho de la reforma harán que aumenten los de generación –según el 21st Century Power Partership en 52.5%– por lo que o suben las tarifas o sube el subsidio. Como este gobierno no va a subir las tarifas, y probablemente el que sigue tampoco, porque sería un suicidio político, el subsidio que cada año transfiere a la CFE tendrá que aumentar.
Desde la perspectiva de la capacidad instalada, México necesita cantidades de inversión significativas para modernizar la capacidad de generación. Aunque CFE argumenta tener capacidad ociosa, ésta es cara, contaminante y obsoleta.
Necesitamos retirar estas viejas plantas e invertir en nueva capacidad alrededor de 10 mil millones de dólares al año que puede venir del Estado o de privados.
El problema es que, a mediano plazo, el Estado mexicano no tiene la capacidad de financiar esto. La presión de las pensiones y la falta de una reforma fiscal hacen esto inviable (incluso si se tuviera el dinero habría que cuestionar si aquí está mejor invertido que en hospitales y escuelas). Desde el punto de vista fiscal, esta reforma sería una catástrofe para esta y futuras generaciones.
Pero quizá más grave aún es la perspectiva de la economía política, es decir el tipo de país que queremos ser. Esta reforma nos cierra al mundo y nos hace ver al pasado. Nuestras exportaciones perderían acceso a mercados internacionales porque la huella de carbono del ciclo de vida (es decir las emisiones relacionadas a la manufactura de cualquier producto) estaría por encima de las nuevas regulaciones en los mercados de destino.
Aunque algunos así lo plantean, no se trata de una discusión de Estado contra mercado. La capacidad del Estado de regular sectores clave como este no pasa por ser dueño de los activos, sino por contar con instituciones para regular al mercado. Y, México con la legislación vigente cuenta con instituciones capaces de regular al mercado si así se lo propone.
Durante las próximas semanas escucharemos argumentos técnicos de un lado y consignas ideológicas del otro. Serán palabras vacías porque todo mundo sabe que estas sesiones de parlamento abierto no tienen demasiado sentido: ningún diputado o bancada va a cambiar el sentido de su voto por lo que ahí se diga. Será un componente más de la simulación política nacional, pero donde se define en gran medida el futuro del país.
POR JORGE ANDRÉS CASTAÑEDA
COLABORADOR
@JORGEACAST
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