Esta gestión identificada como la 4T ha dado claros ejemplos de que lo que no consigue por las buenas, lo hace por las malas, aunque se tengan que torcer los caminos legales. Distintas posiciones han sido cooptadas, como consejeros, magistrados, integrantes de órganos autónomos y ahora, las fiscalías.
A todas luces, la FGR a cargo de Alejandro Gertz Manero responde a los intereses de la Presidencia, lejos de la autonomía de la que se le quiso dotar a la hora de su nacimiento. Pero no todos los casos pasan por las oficinas de la glorieta del metro Insurgentes, por lo que hace falta remover los estorbos. Recientemente hemos escuchado a Andrés Manuel López Obrador pedir la cabeza del fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa.
Lo hizo desde Veracruz, donde hace meses fue destituido el fiscal Jorge Winckler, quien no fue de la gracia del gobernador Cuitláhuac García. Según AMLO, desde el cambio, el número de homicidios entre los veracruzanos se redujo. Piensa que lo mismo puede pasar en Guanajuato, estado gobernado por el panista Diego Sinhué, donde los crímenes han ido al alza, aunque recientemente los hechos violentos de mayor impacto se desplazaron a otros estados, donde no se ha quejado de las fiscalías.
En medio de esto, llama la atención el caso de Uriel Carmona Gándara, titular de la fiscalía de Morelos. La FGR pidió a la Cámara de Diputados su desafuero, porque según ellos, cuando fue electo, no contaba con exámenes de control de confianza. Se trata de un requisito que no se estipulaba en las bases de la convocatoria expedidas por el congreso morelense.
Pero, aun así, una vez en el cargo, Carmona presentó los exámenes (aplicados por la FGR) y los pasó. Detrás de esto hay una intención del gobernador Cuauhtémoc Blanco por intervenir en la fiscalía estatal. Quiso hacerlo cuando el diputado del Partido Encuentro Social, Marcos Zapotitla, fue denunciado por violación en contra de una mujer de 28 años.
Ante lo sólido de las acusaciones, la fiscalía a cargo de Carmona pidió su desafuero para proceder en su contra. Blanco pidió apoyo y cuando recibió una negativa ante lo indebido de la petición, arremetió contra el fiscal Carmona.
Ante lo insólito de la petición de la FGR, los diputados federales de oposición se negaron a tratar el desafuero de Carmona, lo que entrampó el proceso de los legisladores federales Mauricio Toledo (PT) y Benjamín Saúl Huerta (Morena), sobre quienes hay acusaciones serias formuladas por la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México.
Otra tentación de intervenir acaba de darse en Baja California. El todavía gobernador Jaime Bonilla presentó una iniciativa para ampliar el plazo del fiscal Juan Guillermo Ruiz, su compadre.
Pretende que esté en el cargo todo el tiempo que dure el sexenio de su sucesora, Marina del Pilar Ávila. De esto, nada ha dicho.
POR CARLOS ZUÑIGA PÉREZ
@CARLOSZUP
MAAZ