Muchos se refieren a las y los juzgadores como “los oráculos del derecho”. Alegoría que ilustra el cómo se percibe a la función jurisdiccional: alejada, misteriosa, obscura, mágica, repleta de formalismos rituales, con un lenguaje ajeno, distante y hasta frío. Quizás ahí está el germen histórico de su incomprensión: el lenguaje jurídico.
Pero, este halo de misticismo se acentúa aún más por la obscuridad del medio básico de expresión de los jueces: sus sentencias. Si el juez habla por sus sentencias; ¿por qué no habla para todos?
Indudablemente la transparencia en el actuar gubernamental se ha convertido en un imperativo democrático, en un bastión para la conformación de una sociedad informada y sensible, pero cuando hablamos de transparencia judicial, tiene un significado más profundo. Las y los juzgadores ilustran el camino de las leyes, construyen los puentes para que las normas transiten de una situación hipotética a un hecho concreto, las sentencias son “derecho viviente”, el que más presente se encuentra en el tejido de nuestra sociedad.
La reforma a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que considera ya todas las sentencias de interés público, les da voz plena a todos los jueces. Pone en alto el significado especial que tienen las sentencias no sólo como instrumento de solución de conflictos, sino también como medio de comprensión de qué es el derecho y cómo es aplicado.
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El oráculo se empieza derrumbar. El misticismo se cambia por argumentos. Los jueces hablan por sus sentencias, por sus razones, por sus apreciaciones. Son de las personas y para las personas. La transparencia de las sentencias son un primer cimiento para la construcción de una función judicial deliberativa y constructiva, también un primer gran paso.
Hay que empezar a desterrar ese lenguaje que, bordeado de formalismos, de frases barrocas, latinismos incomprensibles, fórmulas retóricas, que desdibujan su significado, minimizan su voz, y la dispersa. Si las sentencias son ahora de todos, si las sentencias son “interés de la sociedad”, deben hablar para todos, despojados de trampas semánticas o de frases rimbombantes. En pocas palabras, deben ser entendibles no sólo para las partes del juicio, sino para cualquier persona.
Esta es una labor cooperativa, no sólo para los jueces, sino también para todos los que somos participantes del escenario jurídico. Debemos asumir con plena convicción que la técnica jurídica radica en la comprensión clara y precisa de lo resuelto y no en un complejo entramado de frases y fórmulas procesales.
Esta debe ser la consecuencia natural y necesaria de la reforma. No basta con que las sentencias sean públicas y accesibles. Se necesita urgentemente un cambio en el lenguaje jurídico, socializarlo. Escribir para quién, para la ciudadanía. Sólo hasta entonces el oráculo se habrá derrumbado.
POR JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA
MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
avh