Si bien es cierto que la violencia política registró un descenso en la primera etapa del proceso electoral en curso, las precampañas que concluyeron el pasado 16 de febrero no cerraron con saldo blanco.
Persisten los ataques y asesinatos contra quienes se dedican a la política, y Veracruz, gobernada por el morenista Cuitláhuac García, es la entidad con el mayor número de casos.
El reporte más reciente de la firma Etellekt, publicado el pasado 17 de febrero en El Heraldo de México, da cuenta de ese fenómeno, dejando ver además que en la mayoría de los casos los agredidos eran opositores a los gobiernos de cada plaza.
“El 76% de las víctimas mortales pertenecían a partidos opositores a los gobiernos estatales”, dice el estudio de la empresa que dirige Rubén Salazar.
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El periodo de análisis comprendió el tiempo destinado a las precampañas, del 7 septiembre al 16 de febrero, durante el cual fueron asesinadas 46 personas dedicadas a la política, 10 de ellas aspirantes a un cargo de elección popular.
Pero eso no es todo, en ese lapso de tiempo también documentaron otro fenómeno: el asesinato de 63 funcionarios públicos no electos.
Entre ellos se encontraban mandos de seguridad pública, empleados municipales, trabajadores de la CFE, de Pemex y del IMSS, así como otros servidores públicos del sector salud, algunos dedicados a tareas relacionadas con la pandemia provocada por el COVID-19.
De los asesinatos de personajes dedicados a la política uno de los que más llamó la atención, por la saña, fue el de la ex diputada priista Gladys Merlín Castro y su hija Carla Enríquez Merlín, aspirante de Morena a la alcaldía de Cosoleacaque, Veracruz.
Fueron asesinadas a balazos, y una de ellas, la madre, recibió una cortada profunda en la yugular cuando descansaban en su domicilio, el pasado 15 de febrero.
Pero este no es el único caso en Veracruz, otras cuatro mujeres ligadas a la política han sido ultimadas recientemente.
Se trata de las presidentas municipales Florisel Ríos Delfín (PRD) y Maricela Vallejo Orea (Morena), así como la regidora María del Carmen Hernández (PRD) y Catalina Montalvo Tezhohua (PRI).
Además, con el homicidio de Carla Enríquez, suman tres asesinatos de potenciales candidatos: en los municipios de Tierra Blanca, Úrsulo Galván; y el de Juan Carlos Molina Palacios, diputado local del PRI.
Vistos desde el centro del país, todos éstos parecen casos aislados; sin embargo, son hechos que dan cuenta de que en el México profundo hay disputas políticas que todavía se resuelven a punta de machete y pistola.
Lo que más llama la atención es que, si bien no se han presentados los índices de violencia política de otras épocas, como en 1988 o 2018, se trata de un tema que debe preocupar y ocupar a la 4T, por la saña e impunidad de los autores materiales e intelectuales, como los que acabaron con la vida de Carla Enríquez y su madre Gladys Merlín.
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A propósito de malos manejos y otros datos, como lo que dio y no dio la Auditoría Superior, me adelantan que las administraciones municipales de todo el país serán sometidas a una exhaustiva revisión en sus finanzas, pero ahora por parte de la UIF, que encabeza Santiago Nieto.
El propósito es detectar lavado de dinero, sobre todo en municipios con presupuestos pequeños y alta marginalidad.
Y es que resulta que, en varias de ellas, donde no se paran ni las moscas, los alcaldes tienen todo tipo de empresas que usan desde hace tiempo para “construir” obras inexistentes o comprar productos y servicios que nadie recibe. Y eso ya lo detectó la autoridad federal junto con algunos gobiernos estatales, como el de Oaxaca, y pronto van a empezar a congelar cuentas de varios alcaldes.
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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Detrás de cada gran fortuna hay un delito.”
POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO
ALFREDO@ELHERALDODEMEXICO.COM
@ALFREDOLEZ
avh