El constituyente de 1917 entendió que el texto de nuestra Magna Carta era perfectible. Por ello se estableció un mecanismo de enmiendas, de tal manera que la Constitución se ajustara a las demandas ciudadanas, siempre cambiantes.
Una de las enmiendas más importantes fue la que se hizo al artículo 1 de la Constitución en 2011, basada en el principio de progresividad. De acuerdo con esta idea la atención a los derechos por parte de los gobiernos no deben permanecer estáticos, sino que tienden a ampliarse.
El ensanchamiento de los derechos se tiene que cimentar en la definición de las prioridades presupuestales.
Se pensaría que un gobierno que se dice progresista actuaría con ahínco en asegurar la efectividad en el disfrute de los derechos por los gobernados. Sin embargo, el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por el Congreso para el año 2022, viola el referido principio de progresividad.
En una decisión de la mayoría oficialista que aceptó supeditar una de las facultades centrales del Poder Legislativo, a la voluntad irracional del Poder Ejecutivo. Sin una verdadera discusión parlamentaria de fondo, se decidió disminuir los recursos a programas esenciales dedicados a la seguridad social y el sostenimiento de nuestra democracia.
Estos recortes afectan a áreas tan importantes como la educación, la salud, el fortalecimiento del federalismo, la protección a la mujer y son también una amenaza para nuestras instituciones electorales.
El recuento de los daños debe preocupar a todo ciudadano sensible e interesado en el bienestar general. En el caso del sector salud casi 10 mil millones de pesos se recortaron al Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la población sin Seguridad Social y Laboral. A su vez, el Insabi dejará de recibir el presupuesto necesario para brindar cobertura médica a derechohabientes que ya la tenían bajo el Seguro Popular. Esta regresión en la atención en la cobertura médica es una tragedia de proporciones gigantescas.
En materia educativa se dejará de apoyar a escuelas que buscan impedir un mayor rezago educativo, sobre todo en las zonas más vulnerables del país. Esto es inadmisible, pues vulnera el derecho a una educación de calidad, lo cual tendrá graves consecuencias para el futuro del país.
Por si esto no fuera suficiente, en el presupuesto aprobado, acciones que brinden mayor protección para las mujeres han sido disminuidas: desde atención a víctimas hasta el financiamiento para estancias infantiles y, en general, a todo lo que tiene que ver con la atención y prevención a la violencia contra las mujeres. Pero los agravios no terminan ahí. El gasto destinado a áreas naturales protegidas, así como la protección a especies y ecosistemas ha sido recortado.
Preocupante es también la disminución real en el anexo 16, que tiene que ver con el medio ambiente y recursos naturales. Es inconcebible que en un momento en que la consciencia global ha puesto toda su atención en impedir un colapso ecológico, el gobierno mexicano insista en incumplir con sus obligaciones en materia de sustentabilidad ambiental.
En este contexto también debemos ubicar los recortes al presupuesto del INE que, sin duda, hará más complicada la celebración de comicios bien organizados, lo que ha sido ya una norma y que ha llevado al país a tener uno de los sistemas electorales más avanzados en el planeta.
Esperemos, sin embargo, que la reciente decisión del Tribunal Electoral Federal de instruir a la Secretaría de Hacienda para que otorgue los recursos necesarios al INE, con el fin de que se pueda organizar adecuadamente la consulta de revocación de mandato, sea un paso importante para que los gastos del gobierno sean concebidos a partir del principio de la progresividad.
Fundándose en los Dos Tratados sobre la Libertad de John Locke, Montesquieu basó su concepción de la libertad política en la idea de que los poderes constitucionales deben servir de contrapesos unos a otros, de tal manera que decisiones tiránicas, decretadas por una mayoría, no puedan imponerse sobre el resto de la población.
Esta idea fue la base en la que se fundó la república estadounidense, y está expuesta, en su concepción teórica más acabada, en los Federalist Papers, documento que sirvió como base a la Constitución de 1787. Esta concepción luego fue retomada por la mayoría de las Cartas Magnas en América Latina, incluyendo la mexicana.
Siguiendo este principio fundamental del republicanismo liberal, los diputados federales de los tres partidos de la coalición Va por México decidieron presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2022.
Enhorabuena por la defensa desde la minoría parlamentaria, de un derecho sacrosanto de minorías y mayorías.
Lo que está detrás de esta impugnación es la gran idea republicana y liberal, según la cual una mayoría no puede violar preceptos constitucionales, atentando contra derechos inalienables de la ciudadanía.
Esta acción por parte de los partidos de oposición está en sincronía con la filosofía política del liberalismo democrático, fundamento primordial del México ganador que se abrirá paso en el futuro, y que siempre tendrá como uno de sus postulados esenciales, la progresividad de los derechos ciudadanos.
POR GUSTAVO DE HOYOS WALTHER
COFUNDADOR DE SÍ POR MÉXICO
@GDEHOYOSWALTHER
MAAZ