La noche del 13 de noviembre, una compañera de trabajo y buena amiga tuvo la mala fortuna de ser impactada por un conductor —de nombre Ricardo— que se pasó el alto, quien presumiblemente se encontraba en estado de ebriedad. Al enterarme, no dudé en acudir a acompañarla a enfrentar el proceso correspondiente, desde las 9:30 p.m. hasta casi la medianoche del día siguiente. A continuación, una breve recapitulación de lo ocurrido durante 26 horas de angustia, incertidumbre y desesperación.
María, talentosa abogada de 25 años, no se imaginaba el grado de complejidad de la situación que se avecinaba. En medio de un contexto de frustración, y entre patrullas, policías, aseguradoras y vecinos, pidió reiteradamente a los oficiales que llegaron al lugar de los hechos que asentaran el estado de ebriedad de Ricardo, situación que fue ignorada pese a ser evidente. Ricardo no podía articular conversación alguna ni sostenerse.
Mientras María lidiaba con el caos imperante, Ricardo fue amablemente introducido a una patrulla con destino desconocido, mientras un par de grúas retiraban los vehículos. Dos horas después, María y Ricardo fueron trasladados a la alcaldía para ser presentados ante el juez cívico. Cargando botellas de agua obtenidas misteriosamente, Ricardo entró con el médico legista, quién determinó mediante una “valoración” clínica que tal sujeto sólo sufría de aliento etílico y no se encontraba en estado de ebriedad.
Alrededor de la 1:00 a.m. trasladaron a María y a Ricardo al corralón. María, visiblemente incómoda, pidió ser acompañada por alguien. Solicitud denegada. De regreso con el juez cívico, las partes rindieron su declaración. María ofreció como prueba las grabaciones de las cámaras de seguridad que se encontraban en el lugar del siniestro. De nuevo solicitud rechazada, ya que el Juzgado no estaba en condiciones de obtener las grabaciones.
En su declaración, María asentó que Ricardo presumiblemente se encontraba en estado de ebriedad. Al recibir el informe del perito, dicha declaración había sido omitida. Entre alegatos y amenazas, reclamamos fuertemente. Incluso amenazaron con sacarnos del juzgado a la voz de: “¡Oficial!, saque al quejoso”. Posteriormente, dieron cauce al veredicto: “El informe no se puede modificar, ya que está construido con los hechos que el perito considere necesarios. Si no están de acuerdo, presenten un recurso de inconformidad.”
Lo ocurrido a mi buena amiga nos obliga a seguir llamando a la renovación de un entramado institucional que, en un contexto de corrupción e ineficiencia sigue haciendo nugatorio el derecho de acceso a la justicia a millones de mexicanos en situaciones de conflicto. Como María, miles de ciudadanos se enfrentan a diario a situaciones de desamparo e indefensión en el marco de procedimientos que no garantizan la impartición de justicia de manera pronta y expedita, en estricta vulneración de la consolidación del Estado de Derecho y el ejercicio efectivo de los derechos humanos.
La próxima semana seguiremos reflexionando en torno a lo ocurrido a mi buena amiga.
EMILIO SUÁREZ LICONA
CONSULTOR Y PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD
PANAMERICANA
@EMILIOSL
MAAZ