De un plumazo de ganso cansado, López Obrador quiere legalizar lo ilegal. El problema no es tanto lo conceptual, lo ético o lo jurídico —que sí lo es— como que hacerlo es a costa de quienes ya participamos de una manera formal y legal en alguna parte de la cadena de valor de toda la industria automotriz o de aquellas otras que se interconectan.
La propuesta de regularizar los autos chocolate se hace pensando en las clientelas electorales del régimen, pero tendrá altos costos económicos, laborales y hasta de seguridad para nuestro país y sus habitantes.
Permítanme decirlo de esta manera con fines de exposición: el decreto que se anuncia se asemejaría a dar permiso de colocar permanentemente puestos ambulantes, bloqueando las aceras y la entrada a todos los establecimientos formales. Y además, darles el mismo o mejor trato que a los comerciantes legalmente establecidos… ¿Suena conocido?
La industria formal y legal de producción, ensamblaje, importación y venta de automóviles ya existe en México, de allí que todos los coches y camiones que son comprados de forma legal pagan impuestos. Para darse una idea, el 40% de su precio en agencia se debe a impuestos; tasas impositivas que no serán pagadas por los vehículos que entran de forma ilegal a nuestro país y que ahora se legalizarán. En términos llanos: a quienes decidieron o decidirán en un futuro defraudar al fisco, se les premiará...
La promesa presidencial de legalizar los autos chocolate data de la campaña, no hay sorpresa en ese sentido. Lo que llama la atención es que la autoridad la haya anunciado y la haga realidad sin haber cumplido con otro compromiso: que la decisión sería hablada y diseñada a partir de haber analizado los costos que esto significaría para la industria automotriz de nuestro país, en especial para los concesionarios. Nunca se dieron mesas de diálogo, ni siquiera para conocer el enorme boquete que sufrirá la recaudación del SAT como consecuencia.
De esta forma, con el decreto ya signado, la industria automotriz (fabricantes, concesionarios, loteros) no tendrá más remedio que
impugnarlo antes las instancias competentes. Ya escucharemos al presidente quejarse; dirá que se busca proteger intereses obscuros. Ni por asomo se considerará que él fue el primero en negarse a escuchar a uno de los gremios más importantes de nuestro país por cuanto a generación de empleos y riqueza se refiere.
Hoy se da la firma del decreto para regularizar los “autos chocolates”, iniciando con los seis estados de la frontera norte (si bien López Obrador mencionó son siete…) para de ahí continuar al resto del país.
¿Cuál es la magnitud del problema que se está generando? Veamos: el año pasado se vendieron 950 mil vehículos en nuestro país, para este año se estima llegar al millón de unidades vendidas, lejos del 1.61 millones vendidos en 2016. Y tan solo en este año (enero-agosto) al menos 106,502 autos usados ilegales entraron a nuestro país, esto es un poco más del 10% de lo que se cree será vendido legalmente en todo 2021. Porcentaje que no paga impuestos, no pasa por agencias ni lotes de coches, no tendrá seguros. Que es informal.
La propuesta es legalizar el contrabando; apoyar a quienes se enriquecen con este delito bajo el pretexto de que ayudan a quienes
regresan de Estados Unidos con esas unidades. Los resultados serán muy distintos y ya los vivimos. López Obrador copia este programa a Vicente Fox, quien causó muchísimo daño a la economía en el 2006 al permitir la entrada e incremento de unidades de importación ilegal.
Durante su administración se importaron más de un millón de unidades, las cuales superaron en un 58% las ventas de autos nuevos, generando cierres en diversos negocios afines de la industria y generando incremento en el desempleo. El decreto afectará el patrimonio de quienes compraron legalmente sus vehículos en el país pagando impuestos, pues al momento de querer venderlos, al existir una sobre oferta más barata de vehículos, enfrentarán una disminución del valor de sus unidades.
Lo que propone López Obrador tiene dedicatoria y fines políticos, pues busca votos para el 2024 de más de 100,000 personas que son dueños de estos coches (y solo hablamos de los de este año). Legalizar lo ilegal desde el gobierno federal es denostar el Estado de Derecho, el sistema federal y burlarse de todos los ciudadanos.
POR VERÓNICA MALO
VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM
@MALOGUZMANVERO
MAAZ