El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que la Cámara de Diputados no acatará el amparo que otorgaron dos juzgados de distrito que ordena no discutir la Reforma al Poder Judicial, porque no tienen facultades para hacerlo.
“En tales premisas, esta mayoría legislativa categórica y enérgicamente determina que no se somete ni se someterá a la jurisdicción del juzgado o juzgados que lo ordenen, porque no tienen competencia para ello, porque no se puede suspender el análisis y discusión y en su caso aprobación del dictamen relativo a la reforma constitución en materia judicial”, indicó en sus redes sociales.
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Implicaría subordinar la voluntad del pueblo
Tras confirma que recibieron notificación proveniente de dos juzgados de distrito en los estados de Morelos y Chiapas, el titular de la Jucopo en San Lázaro, señaló que la representación popular es precisamente la que les ordena revisar la Constitución y a los únicos a los que responden es al pueblo que fue quien los designó en las urnas para reformar y adicionar al texto constitucional, por lo que no permitirán la intromisión de nadie
“Tolerar que, dentro del procedimiento de reformas constitucionales que tiene encomendado el Poder revisor en la Constitución, para que intervenga otra persona ajena al Congreso de la Unión, no podemos admitirlo, es inadmisible porque implicaría subordinar la voluntad del pueblo depositada en esta Soberanía y en los congresos de las entidades federativas a una injerencia indebida y grosera que no tiene sustento constitucional”, puntualizó.
Monreal Ávila destacó que actuaran con energía y firmeza ya que “es tan absurdo, grotesco e ignorante, esta disposición de suspender mediante la vía de amparo actos de otro Poder, que el artículo 61 de la Ley de Amparo dispone en su fracción primera, que el juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
El Poder revisor de la Constitución es la voz
Monreal Ávila, resaltó que la pretensión de que el proyecto de reforma judicial en material constitucional no sea discutido ni votado, no sólo es violatorio del principio de legalidad e invasión del Poder Legislativo, sino una violación flagrante a la Constitución.
Preciso que, el análisis del dictamen de reforma constitucional en materia judicial está a cargo del máximo órgano político y jurídico, sobre el cual se erige el sistema de gobierno, que es el Poder revisor de la Constitución, cuya actuación tiene como cimiento su artículo 135, el cual establece que para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte del sistema jurídico mexicano, se requiere que el Congreso de la Unión las apruebe por el voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes, así como de la mayoría de legislaturas de los estados y de la Ciudad de México.
También dijo que el Poder revisor de la Constitución es la voz del pueblo, quien, conforme al artículo 39 constitucional tiene, en todo tiempo, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.
“No hay duda de que la desesperación de algunos sectores que intentan conservar sus privilegios pretenden también frenar esta histórica reforma en beneficio de la población. No menos extraño resulta, si lo recordamos, que se han intentado de manera permanente obstaculizar esta reforma como una conducta cotidiana de sectores vinculados con este Poder Judicial”, expuso.
srgc