El Código Penal Federal y la Ley de Armas de Fuego y Explosivos fue reformada por el pleno del Senado de República para frenar el uso extensivo de aeronaves en regiones con alto índice delictivo por grupos del crimen organizado.
El dictamen señala que se impondrá de 15 a 40 años de cárcel para personas que hagan uso de estos dispositivos con fines delictivos, además de una sanción económica de 400 a mil 200 unidades de medida y actualización (UMA), lo que sería equivalente a una cifra entre 21 mil 714 a 130 mil 248 pesos mexicanos.
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Esto fue avalado por 94 votos a favor y ocho abstenciones, durante la madrugada del pasado 26 de abril, en respuesta al uso de estos artefactos en el crimen organizado, con los cuales se realizan tareas de espionaje, hasta lanzamiento de explosivos.
Penas por espionaje, lanzamiento de explosivos y creación de drones
La reforma contempla una pena de 10 a 20 años de prisión a quien arroje explosivos con las aeronaves, esto ha sucedido en varias comunidades del país. En caso de que la explosión dañe a un civil o personal de seguridad, la pena se podría elevar hasta 30 años.
En el caso de quien importe, manufacture, arme, adquiera o adapte un dron para el transporte de artefactos explosivos, armas o narcóticos, se estableció una pena que va entre los cinco y 10 años de prisión.
Se sancionará a quien utilice drones con dispositivos que permitan fotografiar o realizar grabaciones para vigilar a servidores públicos o fuerzas de seguridad.
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Más de 600 ataques con drones
Datos de la Secretaría de Defensa Nacional arrojan que de 2020 a 2023 se han reportado 605 ataques con drones tan solo en las entidades de Guerrero, Michoacán y Tamaulipas.
En 2020, tan solo se registraron cinco ataques, mientras que en 2023 la cantidad aumentó exponencialmente a 260, por lo que su legislación era algo urgente, así se podrán castigar estos actos.