Abandono, desprotección y una enorme deuda social respecto a su bienestar integral, es el saldo de la reforma del 2007 que dio paso al aborto. En su momento se argumentó que se buscaba disminuir la mortalidad materna y evitar su clandestinidad, pero en la realidad solo ha provocado que las verdaderas necesidades de las mujeres sean invisibilizadas.
En la mesa de análisis “Aborto, 17 años de engaño y abandono a las mujeres”, organizada por El Heraldo TV y conducida por la periodista Blanca Becerril, Ingrid Tapia Gutiérrez, abogada constitucionalista dijo que la terminación de una vida desde el vientre materno es una evidencia del Estado claudicante en que vivimos.
Con la complicidad de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que han basado sus resoluciones en ideología, precisó la abogada, se generan falsas salidas para las mujeres y una política pública de salud fallida para ellas.
La especialista en Derecho Constitucional y abogada de organizaciones de Mujeres consideró que este tipo de práctica contra la vida humana en gestación no hace las mujeres ni más poderosas, ni más libres, ni más seguras. “Al contrario, las ha invisibilizado con seudorespuestas que en realidad son saltos al vacío, porque no van al fondo de sus verdaderos problemas”, subrayó.
Dijo que a 17 años de haber sido manipulada la definición de embarazo en el Código penal de la hoy CDMX sólo se retrasaron o desatendieron auténticas políticas y acciones en favor de la mujer y del fruto de la concepción, porque el aborto, salvo ciertas causales claramente definidas en la ley, es un delito y no un derecho que no representa una solución para las mujeres, sino el inicio de nuevos problemas.
El aborto no es derecho
“El aborto no solo no es un derecho, sino que atenta en contra del bienestar integral de las mujeres porque el aborto se vende como una panacea, que termina por ocular la realidad de fondo: violencia, agresiones, abandono, maltrato y ausencia de política pública real para las mujeres mexicanas”, dijo.
Basados en evidencias jurídica, científica, médica, y social, organizaciones sociales, académicas y de investigación concluyen que la terminación de la vida humana desde el vientre materno no ha representado ningún beneficio para las mujeres bajo ninguna razón o circunstancia, sino todo lo contrario.
Por ejemplo, precisó, la pretensión de la Suprema Corte de ordenar a los estados de la República eliminar de los códigos penales el delito de aborto solo representará más violencia, sometimiento, ultraje y abandono de las mujeres, especialmente de las mujeres embarazadas, porque ese tipo penal está hecho para protegerlas.
En este sentido rechazó tajantemente el concepto que esgrimen los grupos contrarios al derecho a la vida desde su inicio en la concepción quienes señalan que las leyes criminalizan a la mujer por abortar.
Eso es una mentira que se demuestra con datos oficiales: hoy en las cárceles estatales hay 100 hombres procesados y encarcelados por haber cometido el delito de aborto, 16 más bajo procesos penales federales, y solo ocho mujeres a nivel nacional en juicios legales por el delito de aborto.
Todos esos procesados son hombres que agredieron, violentaron, cometieron e incluso feminicidio en contra de una mujer embarazada provocándole la pérdida de la vida del bebé que se desarrollaba en su vientre. Entonces, decir que los estados deben eliminar el delito de aborto va en contra de la protección y la seguridad que exigen las mujeres, precisó Ingrid Tapia.
“Cuando tu colocas el aborto en la cúspide de los problemas de las mujeres, estas contribuyendo a la invisibilización de los verdaderos problemas que nos aquejan, que son violencia, pobreza, discriminación estructural y falta de acceso a la justicia. Nosotros creemos que cuando la causa feminista se encauza en forma correcta es para soportar la maternidad”, dijo.
De igual forma, lamento que, en un acto de extralimitación de facultades y funciones, denominado por los expertos como “activismo judicial”, el Poder Judicial, por encima de la autonomía del Congreso de la Unión y de los congresos locales, en un efecto réplica, pretenda despenalizar el delito de aborto en algunas entidades.
“La SCJN no puede forzar una despenalización del aborto a nivel federal o en los estados. No cuenta con facultades para crear o modificar legislación a nivel federal, ni en las entidades federativas. Su principal función es vigilar que las leyes y actos de autoridad se apeguen a la Constitución y no vulneren los derechos humanos de las personas”, sostuvo.
“Cuando un Estado te dice que te va a dar todas las facilidades para matar a tu propio hijo, pero no te va a dar ninguna para enfrentar la maternidad, en realidad no te está dando la posibilidad de decidir. Te está llevando a que adoptes una decisión lastimosa e injusta”, expresó.
En ese sentido, la abogada constitucionalista llamó a los tomadores de decisiones a evitar caer en el engaño que significa la promoción de las políticas extranjeras abortivas, sino atender las causas sociales de fondo de la mujer embarazada y la protección integral de la primera infancia en México.