La Secretaría de la Función Pública (SFP), a cargo de Roberto Salcedo Aquino, es la dependencia federal adscrita al Poder Ejecutivo que procura la probidad de otras dependencias, tanto en su funcionamiento interno como en su relación con privados (proveedores de insumos o servicios).
De tal modo que se define como la institución garante y facilitadora de las condiciones para que la administración pública cumpla sus objetivos y produzca los resultados esperados, mediante el establecimiento de normas, mecanismos, procesos y controles que aseguren razonablemente la eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez del servicio público. En caso de que prueben irregularidades, promueven sanciones.
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SFP castiga a empresarios con mil 600 millones de pesos
En lo que va de sexenio, Milenio guardó una relación en una base de datos para saber cuántas empresas quisieron defraudar a instituciones del Estado mexicano y cuánto es lo que la SFP promovió de sanción, de tal modo publicaron un resumen de dicho estudio.
De acuerdo con el medio, la SFP detectó a 405 empresas que pretendieron defraudar a diferentes dependencias de gobierno, particularmente las relacionadas al sector salud y, en consecuencia, promovió mil 600 millones de pesos en multas.
Conforme a la información recabada, la nota firmada por Laura Sánchez Ley expuso las cuatro dependencias dónde más intenciones de fraude se detectaron:
- Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): 139 casos
- Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE): 59 casos
- Secretaría de la Función Pública (SFP): 55 casos
- Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena): 28 casos
Además, encontraron que las tres faltas más repetidas son:
- Información falsa en general: 193 casos
- Asentar datos apócrifos en el Sistema de Administración Tributaria (SAT): 44 casos
- Incumplimiento de contrato: 43 casos
Cabe recordar que la SFP puede promover multas y penalizaciones como la inhabilitación de privados para poder establecer contratos con el sector público, lo que representa un doble riesgo a las empresas, ya que, además de pagar lo que el Estado crea conveniente, podrían perder una fuente de ingresos considerable al ser inhabilitado del sistema público.
Finalmente, cabe recordar que la propia Secretaría ofrece los mecanismos necesarios para que las empresas y proveedores de servicios de dependencias públicas puedan transparentar todo lo relacionado a su quehacer empresarial que sea concerniente al Estado.
Por ello, en el sitio oficial del gobierno se puede consultar el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), Declaranet, Sistema Integral de Quejas y Denuncias Ciudadanas, Normateca Federal, Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, Portal de Normas de la Administración Pública FEderal, Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal (APF) y RHNet.