Las conclusiones de los cuatro conversatorios que sobre el Poder Judicial se realizaron en la Cámara de Diputados fueron entregados a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el objetivo de llevar a cabo una Reforma Judicial Integral ante “un ineficiente acceso a la justicia en México, principalmente en materia penal, que el sistema actual de justicia centraliza todas sus resoluciones y que, el Poder Judicial Federal no respeta el principio republicano de austeridad, señalando que las facultades exclusivas del Congreso, no son revisables”.
Así lo manifestó Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, quien dio a conocer parte de las conclusiones que se entregaron a los ministros Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Javier Laynez, en una reunión con integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara baja.
El diputado federal por Morena señaló que con estas y otros resultados, intentarán procesar y plantear una Reforma Judicial Integral en un próximo periodo ordinario de sesiones, tratando de convencer a los demás grupos parlamentarios, tanto en San Lázaro como en la Cámara de Senadores, con el acompañamiento de los integrantes del alto tribunal constitucional.
“Luego el paso posterior de cualquier manera algunos aspectos que pueden atenderse con la revisión y modificación de las leyes secundarias, si prosperará sería para bien después de haber discutido mucho traen los otros. Y también, con ustedes, porque ese ejercicio lo quisiéramos hacer de una manera franca y muy abierta y de buena fe, y si no, pues quedaría sembrado en el Congreso la propuesta de reforma al sistema de justicia mexicano”, comentó.
El integrante de la bancada de Morena, comentó que los cambios que se visualicen requieren de la participación de los ministros en temas “perfectamente constitucionales”, en los que la franqueza y la buena fe, habrá la correspondencia a la altura de la categoría de otro poder constitucional.
“Ustedes van a decidir la última palabra y de ahí se puede despertar un proceso muy interesante o una discusión álgida. Estamos ciertos después de todo esto, recalcó antes que todos estos puntos los vamos a discutir abiertamente nosotros y en medio de la discusión queremos, con todo respeto, también tomar la opinión de ustedes, puntualmente”, aseguró.
Expuso que, aunque el origen de los foros fue abordar la posibilidad de que los ministros fueran escogidos a través de la consulta popular, todo puede realizarse para transformar la aplicación de justicia en nuestro país.
“El ánimo que nos llevó a organizar estos foros para conversar no fue exactamente ir a consultarle a México si debe elegirse por voz popular a los ministros de la corte, sino para dar un paso previo para preguntar si se debe o puede modificar el artículo 96 a fin de que el método de designación de los ministros de la corte, eventualmente de otros funcionarios judiciales, pueda admitir la participación ciudadana. De ahí para adelante, es posible todo”, dijo.
Otros puntos que se plantearon fueron que el que la Corte sea un tribunal constitucional es una preocupación cada vez mayor. Que se cristalice la creación de otras jurisdicciones para materias como el administrativo y la transparencia del ejercicio público. Que el Consejo de la Judicatura esté integrado por una mayoría de miembros externos al Poder Judicial y designados también con un método de participación ciudadana. Que la constitución diga expresamente que no es facultad del Poder Judicial dictar políticas públicas ni normas legislativas y que la interpretación de la ley se contenga dentro de parámetros que tenga límite y dé certeza a las soluciones.
Robledo también señaló que el amparo en materia de derecho administrativos no debe permitir su uso político y que las suspensiones no se despachen contra leyes ni que aborden el fondo del asunto; que la declaratoria de inconstitucionalidad de leyes deba ser superada por una votación calificada del Congreso en México; que algunas de estas reformas pueden comprenderse en el ámbito de leyes secundarias, la de Amparo, la reglamentaria de la fracción 1 y 2 del 105, desde luego, la Ley Orgánica del Poder Judicial y desde luego, como una prioridad, revisar la eficacia de los sistemas de justicia penal.