Con 455 votos a favor, cero en contra y 25 abstenciones del PT, el pleno de la Cámara de Diputados, aprobó el dictamen para elevar a rango constitucional la “3 de 3 contra la violencia” hacía las mujeres, para que quienes tengan sentencias firmes, como deudores de pensión alimenticia, acosadores o agresores por razones género en el ámbito familiar se les suspendan sus derechos y prerrogativas y no puedan aspirar a ninguna función pública, cargo de elección popular o responsabilidad en el ámbito Legislativo, Ejecutivo o Judicial.
Durante la discusión, el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, presentó una moción suspensiva para frenar la discusión del dictamen y más tarde generó un debate al señalar que con esta reforma se les da manga ancha a los impartidores de justicia utilizarán la ley para sacar de la actividad política a "compañeros", porque dijo, “El Poder Judicial está corrompido”.
En respuesta, la secretaria de la Comisión de Puntos Constitucionales y diputada de Morena, Aleida Alavez, aseguró que la reforma no tiene dedicatoria para nadie y reiteró que nunca más habrá un violentador en el servicio público.
“Aclaramos, esta reforma no es punitiva, ni vulnera derechos de nadie, ya que solo limita el acceso a los cargos públicos y de poder a quien esté sancionado con sentencia firme, o sea, al momento de pretender participar como candidato, candidata a ocupar un cargo en el servicio público. Este es un mensaje social muy claro, ninguna persona agresora tendrá cabida, ni espacio en este ni en ningún otro gobierno, ninguna persona deudora alimentaria o morosa podrá percibir ingresos del erario público”, señaló Alavez.
Esta discusión se da luego de 21 días que el Grupo Plural de Igualdad de Género anunció en el marco del Día Internacional de la Mujer, que se lograron los consensos con todas las fuerzas parlamentarias para aprobar la reforma.
Prevenir violencia institucional
El objetivo de la “3 de 3 contra la violencia” es prevenir la violencia institucional, elevar el nivel de ética pública y garantizar los derechos humanos de las mujeres. En su exposición de motivos, el dictamen establece que elevar a rango constitucional la “3 de 3” dará certeza a las víctimas sobre la no elegibilidad de sus agresores.
“Por lo tanto, elevar a rango constitucional la medida “3 de 3 contra la violencia”, y establecerla como un requisito para ser registrado como candidata o candidato de elección popular, o ser nombrado para cualquier empleo o comisión en el servicio público; otorgaría certeza a las víctimas de violencia de género sobre la no elegibilidad de sus agresores, y representaría un avance significativo en la lucha por erradicar la violencia contra las mujeres” señala el proyecto.
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El proyecto establece reformas a los artículos 38 y 102 de la Constitución para establecer que “los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden por estar prófugo de la justicia o por haber incurrido en tres tipos de conductas violentas contra las mujeres.
“Por tener sentencia firme en cualquiera de sus tipos penales o supuestos, por delitos contra la vida, la integridad corporal, la libertad y el normal desarrollo psicosexual; Por tener sentencia firme en cualquiera de sus tipos penales o supuestos, por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual, o violencia política contra las mujeres en razón de género; Por tener sentencia firme como persona deudora alimentaria morosa”, señala la minuta que se turnó al Senado.
“Que lo escuchen bien, y que lo escuchen fuerte, no más agresores en el poder público, ningún agresor al poder, la mujer no es un dato, las mujeres somos una historia de vida y en todas tenemos mucho que aportar”, señaló Blanca Alcalá a nombre de la fracción parlamentaria del PRI.
Con información de Jorge Almaquio García
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