El PRD en el Congreso de la Ciudad de México urgió por la creación de la Ley del Instituto de Defensoría Pública de la Ciudad de México, ya que miles de personas necesitan de representatividad legal gratuita.
El coordinador de la bancada perredista, Víctor Hugo Lobo, expuso que esto es necesario debido a que está rebasada la defensa con la cantidad de juicios que a diario se generan en la capital.
Para ello, presentará en breve a la Comisión Permanente una iniciativa para crear dicha ley, que constará de 52 artículos divididos en cinco secciones y nueve capítulos, a fin de dar cumplimiento a un mandato Constitucional.
Además, aclaró, busca regular la prestación del servicio de defensoría pública en asuntos legales del fuero local, garantizar el derecho a la defensa y el patrocinio legal durante la ejecución de los procesos, así como el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica en las materias penal, familiar, administrativa, fiscal, mercantil, laboral y civil.
En la iniciativa, que consta de 39 páginas, Lobo Román expuso que de acuerdo con la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, en materia penal existen 469 defensores de oficio, quienes entre los años 2020 y 2021 atendieron alrededor de 100 mil casos, “lo que significa que cada abogado de oficio atiende un promedio 233 casos al año”.
“Con esta ley que propongo, el servicio legal deberá prestarse bajo los principios de probidad, honradez y profesionalismo, y de manera obligatoria en los términos que establezcan las leyes”, comentó.
Recordó que con la creación del Instituto en la materia, éste será autónomo, especializado e imparcial, con personalidad jurídica y patrimonio propio; plena independencia funcional y financiera; capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y para determinar su organización interna, de conformidad con lo previsto en la norma legal específica.
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Destacó que a nivel nacional, existen 3 mil 610 defensores de oficio, además de 797 defensores públicos del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), “en resumen, en el país existen 4 mil 500 defensores públicos o de oficio en activo”, de acuerdo con el INEGI y la Dirección General de Derechos Humanos, Equidad de Género y Asuntos Internacionales del Consejo de la Judicatura Federal.
“Sin embargo, son pocos para el número de personas que son parte de los grupos vulnerables que carecen de recursos para pagar una defensoría legal privada. Hasta 2014, se tenía dato de que de las 32 legislaciones locales, 22 hacen referencia explícita a la naturaleza jurídica de la defensoría pública”, dijo.
Resaltó que en la capital, la reforma política aprobada en 2015 y promulgada el 29 de enero de 2016, tuvo entre sus objetivos darle un estatus político semejante al del resto de las entidades federativas de México, así que, entre otros cambios, se modificó su nombre de Distrito Federal por el de Ciudad de México.
También, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) dejó de existir para convertirse en el Congreso de la Ciudad de México (CCDMX), las delegaciones pasaron a ser Alcaldías, además de que la reforma política citada y con el fin de redactar la Constitución de la Ciudad de México, el 5 de junio de 2016 se conformó la Asamblea Constituyente.
El 31 de enero de 2017, concluyeron los trabajos de la Asamblea Constituyente; es decir, ese día se aprobó la creación de la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual contiene 71 artículos y 39 transitorios, cuya vigencia iniciaría a partir del 17 de septiembre de 2018.
Esto dejó tareas trascendentales tanto a la extinta ALDF, como al actual Congreso capitalino, para fincarle la obligación de emitir leyes de organización y funcionamiento de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como aquellas que tienen como fin la implementación de disposiciones constitucionales para la organización política y administrativa de esta Ciudad.
“Es así que en diversos preceptos legales de la Constitución local, establece la obligatoriedad de crear leyes reglamentarias en distintas materias, como planeación del desarrollo, educación, electoral, derechos humanos, sistema anticorrupción, participación ciudadana, transparencia y garantizar la existencia de un Instituto de Defensoría Pública en la Ciudad de México, entre otras”, concluyó.
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