La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reanudó la discusión sobre el proyecto del ministro Luis María Aguilar sobre prisión preventiva oficiosa. Al inicio de la sesión, el ministro presidente Arturo Zaldívar confió en que hoy se vote este asunto.
“Vamos a continuar con la discusión de este importante asunto, la idea es que hoy lo podamos votar toda vez que tenemos asuntos muy relevantes que tenemos que desahogar antes de que concluya este periodo de sesiones del Pleno de la Corte”, dijo.
La ministra Margarita Ríos Farjat dijo que no comparte que el contrabando y defraudación fiscal sean amenaza a la seguridad nacional, pero el factureo sí. Loretta Ortiz aseguró que la interpretación que propone el ministro Aguilar genera implicaciones importantes respecto al sistema penal en su conjunto, pues rompe con la excepcionalidad que se le ha dado a la prisión preventiva oficiosa.
Dijo que se plantea un nuevo régimen de actuación que no tiene fundamento en el ordenamiento legal aunque se diga que las partes pueden argumentar sobre la prisión preventiva, pues la simple apertura del debate es contraria a los principios del sistema penal acusatorio. El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena se pronunció a favor del sentido del proyecto.
Deciden mantenerla
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó acotar la prisión preventiva para que esta no se aplicara en automático. Sin embargo, invalidó la reforma con la que se incorporó el factureo, contrabando y defraudación fiscal al catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa.
Durante la sesión de este jueves, por mayoría de ocho votos, los integrantes del máximo tribunal aprobaron el proyecto del ministro Luis María Aguilar, quien planteó la invalidez de la reforma de noviembre de 2019 para dar prisión preventiva en automático en estos delitos. Aguilar señaló que estos delitos no son una amenaza grave contra la seguridad nacional.
La ministra Margarita Ríos Farjat dijo que no comparte que el contrabando y la defraudación fiscal, sean amenazas a la seguridad nacional, pero el delito de comprobantes fiscales, sí.
“La evasión fiscal a gran escala está asociada al crecimiento de los índices de desigualdad, a la pobreza, a la corrupción y a la pérdida de la cultura del cumplimiento, erosionando la ética fiscal y las capacidades institucionales. Revertir estas consecuencias es muy costoso, y no nada más se trata de lo que Hacienda deja de recibir, sino del costo redoblado de las instituciones para rescatar lo que se va perdiendo en términos de civismo y cumplimento. Esa cultura decadente encarece todo, pues más se invierte en mecanismos de detección y corrección”, indicó Ríos Farjat.
Faltó un voto para aprobar la propuesta de interpretar el artículo 19 constitucional para que la prisión preventiva no sea oficiosa sino que los jueces revisen cada caso para determinar, luego de un debate, si un imputado debe permanecer con esta medida cautelar. Los ministros Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, Alberto Pérez Dayán, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Javier Laynez y Arturo Zaldívar votaron en contra de esa interpretación
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