La Red de Mujeres en Acción, presentó una iniciativa que busca reformas al Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México y a la Ley Orgánica del Poder Judicial para que le dé más poder a las unidades de medidas cautelares a fin de que estén a cargo de las investigaciones para ubicar a los deudores alimentarios.
La propuesta fue entregada por un grupo de representantes del colectivo vestidas de novias y recibida por diputadas del PAN, PRI, Morena, PT y PVEM, quienes hicieron suya la propuesta de reforma.
“La Red de Mujeres en Acción, adopta y acompaña la presentación de una iniciativa de ley elaborada por la licenciada Ingrid Tapia, generada del Caso 992, que tiene como objetivo lograr que la unidad de medidas cautelares pueda coadyuvar en la localización de los deudores alimentarios”, detallaron.
Al argumentar la propuesta, la activista Ana Correa, detalló que actualmente, sólo en 42 juzgados de la Ciudad de México se puede llegar a tener hasta 4 mil demandas anuales de alimentos, porque se ha incrementado el número de mujeres que son abandonadas junto con sus hijos.
Adicionalmente, dijo, 88 mil menores son víctimas de la violencia vicaria en el país, que tiene que ver con el uso de la violencia contra los hijos para dañar a la madre.
Basada en Caso 992
Por ello, la propuesta de reforma se basa en el Caso 992, “un caso que refleja una tendencia familiar, pues todos podemos tener en nuestra familia una mujer que fue abandonada por su esposo, dejándola a cargo de los hijos. Este abandono genera, además, una doble orfandad de los menores, la del padre que se fue y la de la madre que tiene que salir a buscar los alimentos. Todos nos podemos identificar con el Caso 992”, señaló Correa.
Explicaron que, en estos casos, las mujeres que deciden presentar una demanda de alimentos deben pagar investigaciones para localizar y conocer sobre la ocupación y estilo de vida del deudor alimentario, por ello proponen que el Congreso Federal y la Unidad de Medidas Cautelares puede encargarse de la investigación y dictaminación de su peligrosidad procesal, quitando esa carga a la mujer que apenas puede pagar la manutención de los hijos.
“No queremos más deudores alimentarios, este fenómeno social, junto con el de violencia vicaria, debe desaparecer por el bien de las mujeres y por el bien de los niños”, subrayó.
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dhfm