… y, como siempre, a los jóvenes nos tocará recoger los platos rotos.
En un México perfecto, el proceso legislativo se vería tal que así: el legislador, el presidente o la ciudadanía (petición con un porcentaje específico del padrón) lleno de datos sobre la situación del país, encuentra un problema al que se le debe de dar solución. Después de un tiempo de recopilación e investigación, se decide presentar una iniciativa sobre el tema que aqueja a los mexicanos.
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Junto con otros legisladores, se discute este proyecto. Se contrastan perspectivas y se añaden apartados para volver a esta, en una ley integral, que convenga a todos los mexicanos. En un último momento, la ley sale de comisiones y entra al pleno para que sea votada por todos los legisladores. Si es una buena ley se aprueba, si es una mala, se desecha.
Pero no vivimos en un México perfecto, vivimos en el México que toma la palabra del ejecutivo federal como un mandato inamovible, que debe de aplicarse en todo el país. El proceso en este México imperfecto se ve tal que así: el presidente decide mandar una cantidad considerable de reformas de toda índole el 5 de febrero de este año. De estas reformas resaltan dos: una reforma a nuestro faltoso poder judicial y otra reforma para desaparecer órganos constitucionalmente autónomos (OCAs).
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Pasa la elección y resulta que el partido gobernante junto con sus aliados logra obtener mayoría calificada en una de las cámaras y están a tres legisladores de conseguirla en la otra. A todo esto, las reformas se vuelven los puntos de discusión de todo círculo medianamente politizado y no politizado. De un lado se pide una discusión real para mejorar nuestras instituciones, del otro lado no se cede nada porque total, la votación la tienen ganada y para ellos es perfecta la reforma. Es un espectáculo montado desde lo más alto de la política mexicana para fingir pluralidad.
Se le mueven pocas cosas a esta reforma y sale de comisiones para ser votada apenas la nueva legislatura tome posesión. Es un dilema, porque desde una parte del discurso, existen razones válidas para reformar el poder judicial. Pero no se están tocando de fondo todavía las fiscalías, porque esas, claro, dependen de los ejecutivos.
La reforma judicial, en la lógica de renovar a las cortes por medio del voto directo, es, como poco, una idea sin evidencia suficiente que funcionaría. Pero se está poniendo el riesgo de la autonomía del poder judicial, para terminar de quitarle la poca estabilidad que le queda a esta nación. Cabe aclarar que los órganos estatales son perfectibles, por eso no abogo por no tocar el poder judicial, pero cuando hay una reforma que no está planteada de la mejor manera, o se le encuentran muchas fisuras, lo lógico sería intentar parchearlas, no callar a la oposición de manera que cualquier persona con críticas válidas a la reforma sea tildada de derecha conservadora.
En este tema, la lógica es de todo o todo. Las reformas lo más seguro es que pasen por la corruptibilidad de los legisladores de oposición. Honestamente, es una pena que con un tema tan importante para todos los mexicanos, que es otro poder en la república, se tenga tanto coraje como para no hacer los cambios que de verdad se necesitan. Ahora, como siempre, a los jóvenes nos tocará recoger los platos rotos.
Por Samuel Behar Lombrozo
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