El 18 de febrero reciente, miles de personas se congregaron en una manifestación rosa en la Ciudad de México y otras ciudades del país para demandar elecciones limpias, la protección del orden democrático y el respeto a las instituciones electorales de cara a los comicios del 2 de junio.
Esta marcha nacional fue convocada por organizaciones de la sociedad civil. Y, aunque atrajo una amplia participación ciudadana, también contó con la presencia de figuras políticas y líderes de la oposición. Entre ellos estuvieron el líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés; la excandidata presidencial Margarita Zavala; el colaborador de la candidata presidencial de la oposición, Enrique de la Madrid; el historiador, ensayista y editor mexicano Enrique Krauze; el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe; el periodista Carlos Alazraki; la secretaria general del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Ciudad de México, Tania Larios; la ex secretaria mexicana de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles; el exgobernador de Sinaloa Francisco Labastida Ochoa; el empresario Claudio X. González; y el expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, quien fue el único orador en esta manifestación.
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A pesar de los esfuerzos de los organizadores por presentarla como una movilización apartidista, la marcha se transformó en un claro llamado de oposición al presidente López Obrador. Este cambio de tono, a menos de cuatro meses de las elecciones presidenciales, evidenció un claro sesgo partidista. Entre las consignas expresadas se destacaba el descontento por la posible eliminación del Instituto Nacional Electoral (INE) y la desaparición de los órganos constitucionales autónomos.
La democracia participativa implica que los ciudadanos desempeñen un papel activo en la toma de decisiones y la formulación de políticas. Es decir, no limitándose solo al acto de votar, sino incluyendo la colaboración directa en la elaboración de leyes y presupuestos. Su objetivo es empoderar a la ciudadanía, fomentar la transparencia y la rendición de cuentas, así como promover la igualdad en la toma de decisiones políticas. Para lograrlo, se requiere una reforma institucional que permita una mayor influencia ciudadana, como propone el presidente López Obrador, y también se manifiesta a través de marchas y protestas multitudinarias como expresión de demandas concretas de la ciudadanía.
Créditos: Fernanda Duque
En México, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador refleja un entorno democrático en el que la disidencia puede expresarse libremente, desmintiendo así las acusaciones de dictadura por parte de sus opositores. La reciente concentración rosa subraya este punto al demostrar que las manifestaciones pacíficas son ahora posibles; algo que no sucedía con regímenes anteriores.
Es crucial señalar también que algunas de las propuestas presidenciales de reforma constitucional presidencial han generado un intenso debate en los medios de comunicación y en las redes sociales. Sin embargo, es innegable que el eje central de estas iniciativas es el fomento del involucramiento ciudadano en la toma de decisiones políticas. Por ejemplo, se plantea la idea de que los funcionarios de alta responsabilidad sean seleccionados entre candidatos propuestos por los tres poderes del Estado, no solo por el Legislativo o el Ejecutivo. Esta medida busca fortalecer la +democracia al ampliar la participación de la ciudadanía en la elección de sus líderes y al responder a sus demandas.
Por eso, es motivo de celebración que en México personas de todos los estratos sociales tengan la libertad de expresarse en las calles como parte de un recurso democrático. La participación en marchas se ha convertido en una forma importante de abordar desigualdades y vulnerabilidades, y es destacable ver a figuras como Enrique de la Madrid, Mauricio Tabe, Claudio X. González y Lorenzo Córdova unirse a estas manifestaciones, mostrando un apoyo poco común considerando sus posturas previamente percibidas como clasistas en sus comentarios y posicionamientos públicos.
Por Natalia Sánchez Martínez
Licenciatura en Ciencias Política y Administración Pública
Universidad Iberoamericana
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