En el Federalista #78, Alexander Hamilton sostuvo que “no hay libertad, si el poder de juzgar no está separado”. Esta reflexión no solo resalta la importancia de la independencia judicial como un pilar fundamental de todo Estado constitucional de derecho, sino que también advierte de los riesgos ante su descuido.
Nos encontramos en un momento en el que la independencia judicial está en peligro alrededor del mundo, poniendo en entredicho la solidez de las sociedades modernas. En las siguientes líneas, abordaremos diversos precedentes y desafíos contemporáneos que reafirman la existencia de este creciente fenómeno global.
Lecciones del siglo XX: asaltos a la independencia judicial
La historia nos revela que los ataques a la independencia judicial no son fenómenos aislados en la evolución de las sociedades. Por el contrario, son una constante en aquellos momentos en los que el poder busca desequilibrar el entramado institucional.
Uno de los casos más emblemáticos fue la instauración del Volksgerichtshof, o mejor conocido como el “Tribunal del Pueblo”. Este atroz órgano operó de 1934 hasta finales de la Segunda Guerra Mundial en 1945, fungiendo como un instrumento para la persecución y represión política de aquellos que se opusieran al régimen nacionalsocialista. Este suceso ejemplifica cómo la manipulación de la justicia puede socavar gravemente la independencia judicial y subvertir el Estado de derecho.
Un segundo precedente, aunque no con la magnitud del anterior, fue el plan de reestructurar a la Corte Suprema de Estados Unidos mediante la iniciativa el “Court Packing Bill” impulsada por el presidente Franklin D. Roosevelt en 1937.
Esta iniciativa pretendió ampliar el número de “justices” de la Corte Suprema para obtener respaldo político respecto de las medidas del “New Deal”, implementadas a raíz de la Gran Depresión. Bajo esta propuesta, el presidente tendría la facultad de nombrar a un nuevo integrante por cada juez en funciones que tuviera setenta años o más, expandiendo a la Corte a un total de quince jueces. Sin embargo, no prosperó debido a la resistencia de los miembros de su propio partido y por la oposición de la colectividad.
Desafíos contemporáneos: los casos de Polonia, Hungría e Israel
Desde el año 2015, el sistema judicial en Polonia ha sido materia de numerosas reformas constitucionales en cuanto a la composición y función de sus tribunales. El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados señaló que éstas han minado la independencia judicial, al debilitar el sistema de pesos y contrapesos, y la defensa de los derechos humanos.
Recientemente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) consideró que la última reforma implementada en Polonia es contraria a derecho, ya que se estableció una sala especializada que podría someter a los jueces del Tribunal Supremo a procedimientos disciplinarios en función del contenido de sus decisiones judiciales; lo que socava su independencia e imparcialidad.
Los derechos humanos y el Estado de derecho también corren peligro en Hungría, según advierte Amnistía Internacional. A partir del año 2012, con la llegada al poder del primer ministro Viktor Orbán, se llevaron a cabo diversas reformas constitucionales que propiciaron el retiro forzoso de cientos de jueces, al disminuir la edad de retiro de éstos. Esta medida ha sido considerada internacionalmente como un intento de reconfigurar el sistema judicial para eliminar a aquellos jueces “incómodos” para el poder en turno.
Ante sus reiteradas violaciones al Estado de derecho y por el debilitamiento de su sistema judicial, la Comisión Europea propuso congelar la entrega de más de 13,000 millones de euros en fondos.
En Israel, se aprobaron cambios sustanciales en el poder judicial. Se incluyó un comité de selección de jueces que solo requerirá de mayoría simple para elegir a los integrantes de la Corte Suprema y del resto de los tribunales. Además, se introdujo una “cláusula de anulación” que permitirá a la Knesset (Parlamento) invalidar las decisiones tomadas por la Corte, y se limitó la facultad de esta última para destituir a altos funcionarios del gobierno.
Estos eventos han desencadenado la protesta masiva más significativa en los últimos 75 años. Miles de personas han salido a las calles demandando la eliminación de estas reformas y la renuncia del primer ministro Benjamin Netanyahu. Como respuesta a este clamor, se han promovido diversos procesos judiciales para impugnar estas medidas; esta acción llevará a una revisión por parte de la Corte Suprema sobre la constitucionalidad de una ley que, sin duda, impacta en su independencia y autonomía.
Una responsabilidad compartida: la defensa de la independencia judicial
Nos enfrentamos ante una encrucijada donde la independencia judicial es vulnerable ante los embates del poder alrededor del mundo. Los sucesos analizados, desde el trágico Volksgerichtshof hasta las recientes reformas en Polonia, Hungría e Israel, ilustran como la manipulación del Estado de derecho puede erosionar las bases de una sociedad democrática y la protección de los derechos humanos.
Esto converge para recordarnos que es nuestro deber como ciudadanos estar alerta, ya sea en México o en el mundo, ante cualquier intento de debilitar la división de poderes y trabajar para preservar la independencia judicial; pues es una responsabilidad compartida su defensa. Solo así, podremos gozar de nuestros derechos.
Por: Gunther Hernández Bernal
XBB