Vaya manera de iniciar la LXVI legislatura a tambor batiente con la instalación del Congreso, la recepción del sexto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, de manos de la secretaria de gobernación, Luisa María Alcalde Luján, así como la maratónica sesión en la que, en la cámara de diputados, aprobamos el dictamen de la reforma constitucional al poder judicial, turnado al senado para su análisis y votación.
A raíz de la aprobación del dictamen en la cámara de diputados y el momento legislativo que vive actualmente la reforma, surgieron nuevamente las voces opositoras para tratar de deslegitimarla con una campaña coordinada en redes sociales y medios masivos plagada de mentiras, sembrando dudas y desinformación para tratar de confundir a la población sobre lo que significa verdaderamente este cambio constitucional.
Que la reforma atenta contra la independencia del poder judicial, que busca darle un poder autoritario a la presidencia de la República, que pretende desmantelarlo, que viola los derechos laborales de sus trabajadores y servidores, que se elegirán jueces y magistrados sin preparación, que se acabará el servicio profesional de carrera, que permitirá la intromisión de grupos de interés e incluso de la delincuencia en los juzgados y salas, que habrá jueces “carnales” a modo y, muchos mitos y mentiras de esta naturaleza han circulado sin ningún sustento y sin argumentos.
Si la presidenta electa quisiera tomar el control del poder judicial no habría necesidad de reformar la ley y simplemente, usando sus atribuciones actuales, lo haría sin tanto conflicto público, en lo oscurito, como en los gobiernos neoliberales.
Para quienes están preocupados por la calidad y capacidad de los jueces y magistrados, hay que comentarles que existen los mecanismos de selección para que cumplan los requisitos y sean los más calificados los que se sometan a la elección popular. Igual que hay que decirles a los trabajadores del poder judicial que en cualquier caso sus derechos laborales están salvaguardados como los de cualquier trabajador en cualquier institución.
En mi calidad de diputada por Nuevo León es un privilegio haber iniciado así mi labor legislativa, viviendo en persona la jornada histórica en la sede alterna donde se instaló la cámara de diputados y en la que tuve el privilegio de defender en la tribuna, la aprobación del dictamen con un posicionamiento enfocado en la renovación del Consejo de la Judicatura que no ha cumplido con la misión para lo que fue creado.
Al igual que mis compañeras y compañeros diputados de la 4T además de lo que sucedió en el Congreso, me he dado a la tarea de aclarar todas las dudas de quienes han caído en la confusión de esos argumentos tendenciosos, en reuniones privadas, en grupos e incluso con una participación directa más activa en mis redes sociales a las que les invito a estar pendientes para que conozcan la realidad y no se dejen engañar.
Voté por el sí a la reforma porque con ella se procurará el acceso universal e igualitario a la justicia, se erradicará la corrupción en el poder judicial, se democratizarán los métodos de selección que hoy están en manos de unos cuantos, se implementará la austeridad republicana y, se terminarán los abusos y privilegios de quienes hasta ahora se sienten intocables y actúan con total impunidad sin pensar en el pueblo.
POR CLARA LUZ FLORES CARRALES
PAL