La reforma judicial está provocando demasiada oposición, incluso ya muy marcadas desavenencias. Una voz importante es la del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien alertó que la iniciativa que contempla la elección de jueces a través del voto popular pondría en riesgo el funcionamiento de la democracia mexicana.
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como nos tiene acostumbrados reaccionó de inmediato acusando a Estados Unidos de ejercer una política injerencista. Incluso señaló que durante las últimas semanas han existido faltas de respeto hacia la soberanía de nuestro país.
Como consecuencia de esas declaraciones, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó su profundo extrañamiento por las declaraciones del embajador Salazar, ya que considera que son cuestiones internas y de plena soberanía nacional.
El comunicado de la SRE afirma que el Gobierno de México se encuentra comprometido con un poder Judicial que goce de una verdadera independencia, autonomía y legitimidad, fortaleciendo así el Estado de Derecho y mejorando el acceso a la justicia para todos.
El problema es ese precisamente, la reforma no garantiza que tengamos un poder judicial autónomo, es decir, alejado de presiones externas, tampoco que sea limpiado de la corrupción que tanto lo ha lastimado.
Nuestra Constitución habla de que la justicia será pronta, expedita y gratuita. Todos sabemos que esto no funciona así en la mayoría de los casos y, peor aún, con la reforma no se garantiza que cambien radicalmente las cosas y que por arte de magia las resoluciones del “nuevo” poder judicial se vuelvan prontas e imparciales y, sobre todo, gratuitas.
Aún y cuando la reforma judicial compete única y exclusivamente a los mexicanos, hay que saber escuchar y tomar en cuenta las opiniones de todas las voces, aunque no coincidan o incluso sean diametralmente opuestas.
No le falta la razón al embajador Ken Salazar cuando afirma que basándose en su experiencia de toda una vida apoyando al Estado de Derecho, cree que la elección directa de jueces representa un riesgo mayor para el funcionamiento de la democracia de México.
Afirmó que, como senador de Estados Unidos, viajó a Irak y Afganistán entre otros países, en donde observó de primera mano como las democracias no pueden funcionar sin un Poder Judicial fuerte, independiente y sin corrupción.
Desde el punto de vista del embajador de Estados Unidos, principal socio comercial de México, las elecciones directas también podrían hacer más fácil que los cárteles y otros actores malignos se aprovechen de jueces inexpertos.
El mensaje detrás de estas declaraciones son muy claras, incluso las plasma por escrito el embajador Salazar, al aseverar que si se llegara a aprobar la reforma en sus términos se amenazaría la histórica relación comercial que se ha construido entre ambas naciones, la cual depende de la confianza de los inversionistas en el marco legal de México.
Ojalá la implementación de la reforma sea exitosa, ya que al parecer la aprobación por ambas cámaras es inminente. Se requerirá que los candidatos a jueces y magistrados sean gente preparada, con los perfiles adecuados y no improvisados sin ninguna experiencia y, sobre todo, con los conocimientos suficientes para una encomienda tan importante.
El presidente “suspendió” las relaciones con la Embajada de Estados Unidos y Canadá, lo cual no parece sensato.
POR EDUARDO MACÍAS GARRIDO
COLABORADOR
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