Como ya lo habíamos advertido, y siguiendo el acelerado calendario del oficialismo para dictaminar las reformas enviadas por el titular del ejecutivo, en días pasados tocó el turno a la iniciativa que en palabras simples y llanas, con la falacia de realizar una “simplificación administrativa”, pretende desaparecer a diversos organismos autónomos y descentralizados que han sido indispensables para el equilibrio de poderes, la vigilancia del gobierno, garantizando el derecho de las y los ciudadanos y consolidar la vida democrática de nuestro país.
Desde el inicio de su administración el presidente ha mantenido una postura adversa contra los organismos autónomos ya que, según él, han servido más a intereses particulares que al bienestar general del país, señalando repetidamente que estos organismos autónomos no solo son vestigios del periodo neoliberal, sino que también representan obstáculos para la verdadera transformación de México. Cuando la realidad apabullante es su conocida animadversión a todo lo que implique fiscalización, transparencia y rendición de cuentas, valores de un estado democrático.
Uno de ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). La existencia del INAI responde a un avance en el tema de derecho de acceso a la información pública que inició aproximadamente hace 20 años con la expedición de la primera ley de acceso a la información, durante los gobiernos panistas, donde pasó de ser organismo descentralizado de la administración pública federal, a tener autonomía plena con reconocimiento constitucional.
La reforma propuesta, elimina todo el avance que respecto de la protección de estos derechos humanos se ha realizado durante decadas. El sujetar la vigilancia y ejercicio del derecho de acceso a la información a varias dependencias, dependiendo de su materia, lo sujetaría a controles indirectos e implicaría prácticamente la disminución de la estructura administrativa, lo cual repercutiría en la debida protección y ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales. Su desaparición transgrede el principio de progresividad de los derechos humanos, en particular el derecho al acceso a la informacio´n.
Otros organos que no han escapado al escrutinio presidencial son la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Todo parece indicar que la ideología se impuso sobre la realidad de que estos organos desarrollan tareas especializadas para hacer cumplir los principios de legalidad, independencia, neutralidad, objetividad, transparencia y rendición de cuentas en el marco de sus competencias y, ante todo frenan, las intentonas de excesos de un Estado autoritario y represor.
Este gobierno no entiende el funcionamiento de la economi´a y pretende favorecer injustamente a empresas de sus allegados o a los pozos sin fondo en que se han convertido las paraestatales que administra.
El peligro de eliminar el IFT y de trasladar sus funciones a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes implica la pérdida de objetividad y de independencia, debido a que sus atribuciones quedarían supeditadas al poder político y a los intereses partidistas, dejando de lado, la especialización, la regulación, los criterios técnicos y la protección de los derechos de los usuarios. Se envía una señal de fragilidad e incertidumbre en materia de telecomunicaciones al exterior, cuando nuestros socios comerciales del T-MEC poseen órganos autónomos fuertes en regulación y supervisión.
Con esta decisión el Gobierno federal será juez y parte en las controversias comercial o judicial en materia de telecomunicaciones y radiodifusión perdiendo certeza jurídica en el marco jurídico.
Por lo que hace a la CNH, es importante resaltar que contribuye a la diversificación de fuentes y a la seguridad energética del país. Sin este organismo, podría haber una mala gestión de los recursos energéticos, afectando la seguridad y autosuficiencia energética a largo plazo.
Por su parte, eliminar a la COFECE, traería consigo que, sin la supervisión y regulación de esta, las grandes empresas pueden consolidar su poder de mercado, eliminando a la competencia más pequeña y emergente. Esto puede llevar a una concentración excesiva de poder en unas pocas empresas, que podrían dominar el mercado sin restricciones, junto con los monopolios del Estado.
No contar con la CRE supone la existencia de menos mecanismos para asegurar la transparencia y la equidad en las prácticas comerciales del sector energético. Esto puede llevar a prácticas desleales y abuso de poder por parte de las empresas dominantes.
Por su parte el CONEVAL ha sido el eje del sistema de monitoreo y evaluación de las políticas de desarrollo social de México. La medición oficial de la pobreza que realiza con base en una metodología reconocida mundialmente y con rigor técnico, permite conocer las diferentes dimensiones de la pobreza, los elementos que la caracterizan, y las necesidades de los mexicanos que se encuentran en esta condición. En nuestro país ha sido posible evaluar los resultados de los programas y acciones de gobierno para la planeación y toma de decisiones; retroalimentar las políticas y programas sociales; reorientar el gasto público; mejorar la calidad de información que se entrega a la sociedad; y empoderar al ciudadano con información que le permita valorar el desempeño de sus gobiernos, entre otros aspectos.
Desde Acción Nacional, defenderemos con firmeza a los organismos autónomos, pues estamos convencidos de que son esenciales para mantener la independencia, la transparencia y el equilibrio de poder en México. Somos una oposición de resistencia, comprometida en salvaguardar estas instituciones que garantizan los derechos de los ciudadanos y el correcto funcionamiento de nuestra democracia. No permitiremos que se desmantele el progreso alcanzado a lo largo de décadas en favor de una concentración de poder que solo debilitaría a nuestro país.
POR JORGE ROMERO HERRERA
DIPUTADO
@JORGEROHE
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