Los muros que rodean al gobierno saliente de AMLO son físicos y políticos. Estos muros son contradictorios. Son tanto expresiones de fuerza pero también de debilidad. Los muros que ha construido López Obrador contienen a un grupo del pueblo que se siente oprimido dentro de ellos y, también, otro sector atrincherado voluntariamente dentro por ellos por decisión propia.
Reflejan a un régimen que vive en una tensión interna y externa constantemente, y no logra resolver las inherentes contradicciones de su existencia.
El hecho de que un gobierno supuestamente cercano al pueblo decida amurallar a Palacio Nacional, al Senado, a la Cámara de Diputados y a la Secretaría de Gobernación con vallas de más de tres metros de altura proyecta una imagen nacional e internacional que habla de miedo y debilidad del gobierno ante la protestas de amplios elementos de la sociedad. Ilustra un gobierno que se ha negado al diálogo y al acuerdo político con fuerzas opositoras, y así concluye el sexenio. Sin diálogo y sin acuerdos.
Además, ha aplicado la estrategia de la “pausa” en las relaciones internacionales con países tradicionalmente aliados de México, como España, Estados Unidos y Canadá. Cierra el sexenio alejado de amplias franjas de la sociedad mexicana y deja a la comunidad internacional perpleja y dubitativa acerca de la confiabilidad del gobierno como interlocutor para la resolución de controversias. Los inversores dudan y se repliegan.
Pero los muros políticos internos que circunventan el régimen son duros y casi impenetrables. Es relevante el control político que ejerce sobre las franjas de la sociedad que apoyan incuestionablemente al líder, sin titubeos. Al mismo tiempo, los Poderes Ejecutivo y Legislativo son instituciones doblegadas totalmente al gobierno. Ahora el régimen está empeñado en doblegar al Poder Judicial.
El alto mando de las fuerzas armadas está alineado totalmente al liderazgo de AMLO, producto de un acuerdo aceitado por una fabulosa y persistente corrupción, al permitirle ejercer multimillonarios contratos, construcciones y nuevos negocios con el presupuesto público totalmente libre de cualquier rendición de cuentas. Y, como cereza sobre el pastel del muro político que acuerpa al régimen, es su alianza con el narcotráfico, aunque ya contiene visos de grave inestabilidad entre sus actores activos que no necesariamente aseguran la discreción que tal acuerdo requiere para seguir siendo útil y efectivo.
La presencia del “Mayo” Zambada en Nueva York es augurio de grandes turbulencias en México. Ahí aparece sorpresivamente el documento publicado en estos días sobre Bartlett y su presunta participación en la muerte del agente de la DEA, Enrique Camarena.
Estos muros que coronan el sexenio de López Obrador traen consigo una maldición. Es la maldición que no permite una transición normal entre un gobierno saliente y el entrante. Lo normal sería que el gobierno entrante pudiera distanciarse de los errores del saliente, para construir su imagen e impulsar el nuevo proyecto de gobierno con sello propio. Incluso, no importa que provenga de la misma corriente política. Un nuevo gobierno debería poder contar con un espíritu renovado y dejar atrás los errores del gobierno anterior.
Pero AMLO no sólo no le ha permitido a Sheinbaum tener la libertad de un asomo propio al poder, sino que le ha impuesto un gabinete y un programa de gobierno para que sea una réplica del suyo. Eso sirve para que cada día que amanecen los seguidores del régimen piensen: “Es AMLO quien manda, ella es su servidora…”.
Es asegurar el sello indeleble de su presencia en cada acto de gobierno y en cada gesto de decisión o de confrontación. El problema con ello es que esa imposición no se oculta y denigra a la sucesora.
La reciente confrontación con el gobierno de España lo refleja con toda claridad. El Presidente del Estado español sugirió lo que todo el mundo piensa: que la decisión de no invitar al Rey de España a la toma de posesión de la Presidenta fue una decisión impuesta por AMLO.
¿Quién le contestó al Presidente español? AMLO, no Sheinbaum. Es el inicio del gobierno de la Presidenta con un grave conflicto diplomático que no es de su hechura, sino heredado. En tiempos normales Sheinbaum hubiera invitado al Rey, bajo el supuesto de que el conflicto de AMLO con el Rey de España era cosa de ellos, no suyo. Pero estos tiempos irracionales hacen que ella tenga que comprar, administrar y continuar cada uno de los conflictos, confrontaciones, ineptitudes y odios de AMLO.
Lo mismo sucede con Estados Unidos y Canadá. AMLO impuso una “pausa” en la relación “con los embajadores”, pero esos países lo tomaron en serio. Para ellos la relación está “en pausa” con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, no con “los embajadores”. De ahí deviene la representación de bajo nivel disfrazado de ambos países a la toma de posesión de Claudia. Son representantes que no tienen capacidad de decisión ni de poder decir mayor cosa. Esa es una representación indecorosa, no por las personas, sino por lo que simbolizan: la relación “en pausa” con México.
Y AMLO, habiendo designado por lo menos la mitad de los diputados y senadores de Morena, y por tanto cuenta con su lealtad y simpatía, pudo imponer el dolor de cabeza más grande que perseguirá a la Presidenta durante todo su sexenio: la demolición del Poder Judicial, para crear un nuevo Poder, contrahecho y desfigurado, que será el botín de políticos y narcos, por igual.
AMLO siguió los consejos de Evo Morales, el ex Presidente boliviano, en el modelo de voto popular para nombrar especialmente a la Suprema Corte de Justicia. Hoy en ese país vemos el resultado del modelo. Las masas de Evo luchan en las calles bolivianas contra las masas de Arce, el actual Presidente. ¿Cuál es su lucha?
Por obligar a la Suprema Corte de Justicia a que decida cuál de los dos puede ser candidato presidencial. Porque los dos tienen sus ministros de la Corte que financiaron para conseguir el voto popular, y, por tanto, tienen sus apoyos en una Corte completamente politizada y partidista. La Constitución de Bolivia no cuenta y no es importante en el debate.
Ese es el futuro próximo de México en el momento de pasar a la votación de Ministros, Magistrados y Jueces del Poder Judicial mexicano. Nada más con asomarse a lo que sucede en Bolivia, sabremos qué sucederá en México. No hay excusa para no voltear la mirada hacia ese desastre de país llamado Bolivia.
La demolición del Poder Judicial en México antes del inicio del sexenio de Sheinbaum es equivalente a la decisión que tomó AMLO de cancelar el aeropuerto de Texcoco antes de asumir el poder. Pero hay dos diferencias relevantes entre ambos casos.
La primera diferencia es que en el caso de Texcoco fue decisión de AMLO, pero la demolición del Poder Judicial también fue decisión de él. Claudia no tomó la decisión. Simplemente la asume. A lo hecho, pecho.
La segunda diferencia es que la decisión de demoler el Poder Judicial es muchísimo más grave y perjudicial para México históricamente que la cancelación del aeropuerto de Texcoco, aunque éste le sigue costando económicamente al pueblo de México.
Destruir el Poder Judicial es destruir el tejido democrático de una República. Es iniciar el camino a la autocracia primero, y una dictadura después. Exactamente lo que ocurrió en Venezuela. Lo del aeropuerto fue un grave yerro económico.
Finalmente queda la gran incógnita: ¿la Presidenta continuará fortaleciendo y gobernando con esos muros impuestos por López Obrador, o tendrá la fuerza y la entereza para derribarlas?
POR RICARDO PASCOE
COLABORADOR
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