Durante décadas, cientos de personas involucradas en la seguridad, la justicia y los derechos humanos—desde la academia, el gobierno, la judicatura, la política e incluso al interior de las Fuerzas Armadas—habíamos intentado darle racionalidad y orden a la participación de los militares en acciones de seguridad al interior de nuestro territorio.
Para muchos de nosotros, el uso de las Fuerzas Armadas ha sido una necesidad inescapable ante la realidad de regiones donde se manifiestan auténticos conflictos entre milicias armadas. Esos lugares y situaciones que han requerido de una respuesta material y simbólica que trasciende a las capacidades policiales.
Sin embargo, también sabíamos que debíamos encontrar un orden normativo para esa participación militar; que era necesario darle carácter de excepcionalidad y temporalidad. Que no podíamos renunciar a construir una alternativa, ya fuera policial o intermedia, para garantizar el orden territorial. Y, sobre todo, éramos conscientes de que no debíamos permitir que la presencia militar se expandiera más allá del fenómeno concreto de las alteraciones graves a la seguridad interior.
Hoy, lo que ha sucedido en el gobierno de López Obrador, consagrado en la reciente reforma a la Guardia Nacional, es el abandono absoluto de esas aspiraciones; de esos cuidados y equilibrios.
La adscripción de la Guardia Nacional en la SEDENA es en realidad el menor de los problemas. Lo realmente grave de lo que aprobaron los legisladores oficialistas es la reforma al artículo 129 de la Constitución, que no solo formaliza la actuación de los militares en cualquier acción de seguridad pública, sino que habilita al Congreso para que, a partir de ahora, le asigne a los militares cualquier otra función que se le ocurra. Desaparecieron por completo la limitación en tiempos de paz.
Con la Constitución en la mano, esta super mayoría ahora podrá legislar hasta para que los militares organicen elecciones. Y es que esta nunca fue una reforma de seguridad en el sentido estricto. Se trató en realidad de una reforma política, destinada a alterar el equilibrio civil-militar y a consagrar el uso de las Fuerzas Armadas como instrumento de un régimen al que le estorban los límites que impone la norma y su burocracia civil, esa que obedece a la institucionalidad antes que al Comandante en Jefe.
Militarismo como eje constitutivo del régimen. Hacer de las Fuerzas Armadas el vehículo de arbitrariedad. En el frenético atropello mayoritario se ha pasado por encima de un debate delicado, profundo, trascendental y plural que se había desarrollado durante años y que afecta uno de los elementos más cruciales de la constitución de una República: el papel que los militares juegan en ella.
Algunos argumentarán que en esto comparten la culpa los dos presidentes anteriores, pero esa falsa equivalencia solo sirve para minimizar la gravedad del actual. Es cierto que durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se utilizaron a los militares en ciertas acciones de seguridad, pero nunca se renunció a intentar normar y limitar esa participación. Más aún, se construyó una fuerza policial de contrapeso, se invertían fondos para las corporaciones civiles de estados y municipios, y nunca se dio acceso a las Armas a otras áreas del gobierno.
Hoy, muchos de esos activistas que antes gritaron “golpistas”, “defraudadores de la constitución”, vaya, hasta “fascistas” a quienes usaban al Ejército y a la Marina para combatir criminales, ahora son cómplices de esta ruptura civilizatoria. Otros que usaron con ligereza esas palabras, ya no encuentran las de suficiente gravedad para denunciar lo que, ahora sí, es militarismo puro y en acción.
No, no fueron los gobiernos neoliberales ni los de la supuesta derecha. Fue la izquierda la que abrió paso al militarismo y la que rompió con casi 100 años de equilibrio constitucional. Que cada quien se haga cargo de sus culpas.
POR CARLOS MATIENZO
DIRECTOR DE DATAINT
@CMATIENZO
MAAZ