La transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) marca un grave paso hacia la militarización de la seguridad pública en México, aunque el gobierno lo niegue. No es un simple cambio administrativo; es una decisión que tendrá profundas consecuencias para la democracia, la seguridad y los derechos humanos del país, y representa un claro indicio del autoritarismo en el que estamos inmersos.
López Obrador, quien en su momento criticó el uso del Ejército en labores de seguridad pública y prometió retirarlo de las calles, ha hecho todo lo contrario. Su discurso inicial de priorizar a las fuerzas civiles ha quedado en el olvido, mientras que morena y sus aliados han aprobado la militarización sin considerar los riesgos, demostrando una peligrosa indiferencia ante el impacto que tendrá en las instituciones civiles y los derechos de los ciudadanos. Este acto refuerza la concentración de poder en el Estado, un sello característico de los regímenes que se apartan de los principios democráticos.
Uno de los principales problemas es que los militares no están capacitados para manejar la seguridad pública. Su formación es para la guerra, no para proteger a la población civil, lo que ha derivado en repetidos abusos de poder y violaciones de derechos humanos.
Al consolidar el mando militar sobre la Guardia Nacional, el riesgo de que estos abusos aumenten es evidente y preocupante, y refleja un enfoque que prioriza el control sobre la seguridad ciudadana real.
La militarización también debilita a las instituciones civiles, como a las policías locales, que deberían ser las responsables de la seguridad en las comunidades. En lugar de invertir en su profesionalización, el oficialismo ha optado por dar más poder al Ejército, creando una dependencia que será muy difícil de revertir. Esto también abre la puerta a un régimen en el que el poder militar predomina sobre las estructuras democráticas, debilitándolas aún más.
A esto se suma la falta de transparencia. El Ejército opera con un alto grado de opacidad, lo que dificulta la rendición de cuentas y fomenta la impunidad. Esta concentración de poder militar podría agravar aún más la crisis de derechos humanos en México, y reforzar un sistema que evade el escrutinio público.
La ONU ha advertido que la militarización en América Latina ha llevado a más violencia y abusos, no a una solución de los problemas de inseguridad. A pesar de ello, el oficialismo, liderado por morena, insiste en seguir por ese camino, ignorando lecciones claras de otros países y reafirmando su inclinación a concentrar el poder.
Esto no resolverá la violencia. México necesita fortalecer sus policías locales y enfrentar las causas profundas del problema: la pobreza, la desigualdad y la corrupción. Además, existen alternativas viables que pueden mejorar la seguridad sin recurrir a la militarización.
Entre ellas, está la implementación de programas comunitarios de prevención del delito, el desarrollo de tecnologías avanzadas para el monitoreo y la vigilancia, y la creación de cuerpos especializados en inteligencia y resolución pacífica de conflictos. La profesionalización y equipamiento adecuado de las fuerzas civiles de seguridad es fundamental para reducir la violencia y restaurar la confianza en las instituciones locales. Invertir en la educación y bienestar de los ciudadanos también es clave para atacar las raíces de la inseguridad de manera integral.
López Obrador ha tomado una decisión peligrosa al entregar más control al Ejército. La militarización no es una solución, es un retroceso que compromete el futuro del país y aumenta la desigualdad, el temor y la desconfianza en las instituciones, consolidando una tendencia que debilita la estructura democrática del Estado.
POR MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO
Presidenta de la Organización Demócrata Cristiana de América ( ODCA)
MAAZ